Málaga, Valencia, Alicante, Baleares y Canarias tienen el mayor número de municipios con su litoral edificado, en algunos casos en más del 80% de su longitud. De este modo, su población queda expuesta a los efectos del cambio climático, sobre todo la mayor frecuencia e intensidad de los temporales.
España sigue urbanizando su costa, a pesar de que desde 1988 la Ley de Costas aprobada por unanimidad en el Congreso declara su uso público. Las numerosas excepciones (ampliadas, además, durante el último Gobierno del PP), han permitido ir aumentando el número de complejos y viviendas en primera línea de costa.
Esto provoca un peligro para la seguridad de sus habitantes, ante los efectos del cambio climático (temporales cada vez más violentos, sobre todo). Así lo advierte un informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, que ha localizado los 50 municipios costeros españoles más edificados.
De esos 50 municipios, 20 han transformado artificialmente su costa en más del 50% de su longitud total.
La costa de Málaga, Alicante y el Sur de Valencia es la zona que agrupa el mayor número de municipios intensamente urbanizados, sobre todo para usos turísticos y residenciales. Benicassim, por ejemplo, tiene edificado el 82,4% de su costa, mientras que Orihuela, Mijas, Marbella, Torrevieja y Benalmádena superan ampliamente el 30% de costa transformada. Benalmádena y Calpe se acercan incluso al 45%.
El Observatorio de la Sostenibilidad señala que, aparte de estas provincias, presentan un elevado porcentaje de construcción áreas como la costa poniente de Cádiz, Baleares y las islas mayores de Canarias. En cambio, la costa norte de España ha experimentado un menor desarrollo, a excepción de Rias Baixas.
Mientras que la urbanización de la costa de Canarias se caracteriza por grandes complejos hoteleros, en el Mediterráneo este fenómenos se ha debido a la ‘chaletización’ de la costa, es decir, el levantamiento de una gran cantidad de casas de verano y viviendas unifamiliares dispersas.
Este último fenómeno (la ‘chaletización’) es especialmente perceptible en municipios como Orihuela (Alicante), donde el 100% de su superficie ribereña se encuentra construida. Dos municipios de Baleares aparecen con el 90% de su costa ocupada por este tipo de viviendas: Andratx (Mallorca) y Sant Josep de sa Talaia (Ibiza). En otros 29 municipios se supera el 50% de su ribera edificada de este modo.
El informe destaca que “la única barrera” a la construcción visible en el Mediterráneo y Canarias “ha sido la red de espacios naturales protegidos”. Estas áreas han actuado como cuñas verdes en medio de zonas casi completamente edificadas.
El Observatorio de la Sostenibilidad resalta asimismo que, mientras se ha potenciado la contrucción de campos de golf en estos municipios, sus administraciones parecen haber olvidado crear espacios públicos. Hay siete casos en los que no se ha creado una sola hectárea de parques públicos: Andratx, Benicassim, La Oliva, Sant Josep de sa Talaia, Altea, Benalmádena y Santa Eulària des riu.
Fernando Prieto, uno de los autores del estudio, señala que las principales recomendaciones en estos casos consisten en “devolver al mar los terrenos que están más en riesgo y son más vulnerables. Es decir, hay que dar un paso atrás en las costas con elevado riesgo de inundaciones, temporales y avenidas”, así como planificar “adaptaciones al cambio climático”.
Prieto plantea la creación de una “etiqueta de calificación de edificaciones frente al riesgo de inundaciones del edificio ya existente, aplicando soluciones basadas en la naturaleza, como recuperar humedales, creando estructuras para captar arenas, fijando vegetación, etcétera”. También aboga por crear sistemas de compensación a los municipios que no han deteriorado su litoral.
“Es necesaria una moratoria en la construcción y el refuerzo de las áreas protegidas en el litoral, con un inventario y protección el patrimonio integral”, ha añadido.
