Que un juicio que ya quedó visto para sentencia pueda ser anulado resulta absolutamente intolerable en un país en el que la Justicia acumula notables retrasos. Si la titular del juzgado de lo Penal de Zaragoza competente en una reyerta entre policías y civiles en el barrio Oliver consideraba que el caso tenía que ser visto por la audiencia provincial de acuerdo con la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tendría que haberse inhibido antes de iniciar el juicio. Es humano equivocarse, pero la Justicia debería arbitrar fórmulas eficaces para evitar situaciones tan rocambolescas como ésta.
