Tras una nueva chapuza en la puesta en marcha del AVE Madrid-Zaragoza-Lérida --ayer cayó una catenaria y durante tres horas nadie reaccionó--, Fomento ha decidido finalmente tomar medidas drásticas: el presidente de la empresa pública que ha construido la línea, Juan Carlos Barrón, ha dimitido, se han suspendido todos los viajes promocionales --que sólo han servido para exhibir que el tren no va-- y se ha pedido auxilio a Renfe. Alvarez-Cascos ha topado con la realidad después de sus numerosos desmentidos a cada una de las noticias que indicaban que el AVE no arrancaba. Con el cese de Barrón los responsables técnicos pagan que el tren no haya superado ni el periodo de pruebas, cuando debería estar en servicio hace dos meses. Pero corresponde a Fomento la responsabilidad política por haber concedido unos contratos y haber designado unos directivos, y la decisión personal de poner en marcha la línea cerrando los ojos a las alarmas. Ahora no ha habido más remedio que tomar medidas. Pero, en vista de la negativa del ministerio a reconocer las causas y la magnitud del desaguisado, la actitud que lo ha propiciado sigue sin corregirse. Y mucho habría de cambiar si se quiere inaugurar oficialmente la línea sin más incidencias.