El Gobierno regional de Murcia no estaba en situación de dar un primer paso a favor del PHN en sus propias calles. Hace tiempo que su credibilidad en cuestiones relacionadas con el agua ha tocado fondo, y en una reciente visita de europarlamentarios a esa capital, se ha visto hasta qué punto está afectando su política de expolio e incumplimiento de la ley a la credibilidad de este PH y, por tanto, a su financiación. Conscientes de ello, necesitaba otro escenario menos falso, con argumentos aparentemente más razonables, incluso, ciudadanos con una necesidad más creíble, y esto último lo han encontrado en sus propias víctimas.
No ha sido fácil. Los distintos colectivos que venimos denunciando el expolio compulsivo e irracional en la cuenca del río Segura, con la complicidad de todas las administraciones del PP que, en el mejor de los casos, miran para otro lado, nos hemos encontrado con una estrategia de linchamiento público como única respuesta a algo que ya nadie niega. Hace sólo unos meses, el Gobierno Regional hacía público un informe reconociendo la ampliación ilegal de regadíos. Semanas después, el Fiscal Jefe de Madrid abría una investigación sobre mil quinientos expedientes de pozos ilegales dormidos durante años en los cajones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Asimismo, existen datos muy precisos sobre el robo organizado del agua en Cieza, con la ampliación de regadíos subvencionados por las administraciones, o el expolio del Mundo, el Mula y el Luchena, todos ellos afluentes del Segura y que, actualmente, desembocan a la fuerza en explotaciones o proyectos particulares de la comunidad murciana. Hablamos de un expolio con consecuencias dramáticas para la Vega Baja del Segura, donde ha desaparecido el caudal ecológico y donde los cultivos tradicionales han pasado de doce riegos al año a tan sólo dos. Hablamos de un expolio que está determinando políticas nacionales y europeas. Y según la investigación, hablamos del triple de agua, quizá más, de la que se espera del trasvase del Ebro para la provincia de Alicante.
CON ESTAS CIFRAS en los juzgados y en la calle, y con la negativa de las administraciones del PP a pedir, no ya una investigación, una auditoría, siquiera explicaciones, la Generalitat Valenciana, cómplice útil y necesario para que ocurra este pillaje, nos ha convocado a una concentración institucional, a un todo revuelto donde víctimas y culpables comparten mesa y cartel, que, al menos, merece una reflexión.
En principio, parece extraño que un Gobierno convoque a los ciudadanos a favor de un PHN que, por culpa de ese incumplimiento de las leyes, está con problemas en Europa; en todo caso, tendríamos que haber sido sus víctimas los convocantes de esa protesta, y, desde luego, contra la Generalitat valenciana y el Gobierno de Murcia. Pero no les ha bastado con suplantar a los ciudadanos, ni siquiera a la oposición, este llamamiento tiene otra inmoralidad añadida. Y es que el PHN no contempla una sola gota de agua para suplir el caudal ecológico que nos roban y que permitiría la vida cotidiana a los ciudadanos por donde pasa la cloaca, ni contempla una gota de agua para la agricultura tradicional, que no sólo le saquean sus caudales, sino que además está regando con vertidos que matan la tierra y afectan a la salud. Resulta extremadamente inmoral que nos roben el agua gratis, la que tenemos por derecho y porque así lo dicen las leyes que no se cumplen, y nos prometan agua para dentro de ocho o diez años, a un precio que no se pueden pagar, y, encima, es mentira porque la distribución de los caudales del PHN no lo contempla. Es decir, nos crean el problema, el drama, la miseria, y luego utilizan nuestra necesidad como argumento para pedir "agua para todos", menos para nosotros: nos roban y, además, insultan el concepto de una ética política que, al parecer, desconocen y, de paso, a nuestra inteligencia.
Es evidente que con el estómago lleno se piensa peor, pero por más paellas que nos prometan, quien más argumentos aporta actualmente contra el PHN es el propio PP. El incumplimiento generalizado de las leyes en la cuenca del Segura, incluso, el incumplimiento del propio PHN, y el silencio de toda las administraciones en las que gobierna ese partido, es el argumento que más daño está haciendo al trasvase del Ebro, en España y en Europa. Y así las cosas: ¿Qué garantías de cumplimiento de esas leyes pueden dar quienes ahora nos las cumplen o miran para otros lado mientras intereses muy concretos se enriquecen a costa de la miseria de, por ejemplo, la Vega Baja del Segura? Es más: ¿Por qué no interesa tapar los agujeros por donde se pierde el agua antes de traer más agua? La respuesta a estas preguntas sólo tiene un nombre: PP. Y un argumento: Paella para todos.
*Portavoz y en nombre de la Comisión Pro-Río (Orihuela)
