La última ley de extranjería incluía numerosas contradicciones que fomentaban la arbitrariedad en el trato de los inmigrantes ilegales y una inseguridad jurídica que dificulta su integración, presunto objetivo, junto con el control de las fronteras del país, de la política de inmigración. Basta con citar la imposibilidad de regularizar a las decenas de miles de sin papeles residentes en España, que tampoco son expulsados. O las dudas sobre qué sucede en las expeditivas devoluciones .

Las deficiencias técnicas del decreto que endurecía la ley han merecido un varapalo del Tribunal Supremo, que ha anulado 13 preceptos. En algunos casos, el tribunal resuelve claras lagunas, como cuando retira trabas a reagrupar las familias. En otros aumenta aún más la inconcreción de la actual normativa: su sentencia introduce distinciones entre las personas que intentan entrar en España, las que están ilegalmente en tránsito y las que pueden ser expulsadas inmediatamente o no, que pueden dejar a miles de ellas a un limbo legal. La reforma de la ley de extranjería en curso debería ser una oportunidad para introducir unas reglas claras, justas y consensuadas. Aunque éste quizá no sea el mejor momento para esperar que esto suceda.