La modificación de la ley que rige la elección de senadores autonómicos, una de las prioridades del nuevo gobierno PSOE-PAR, arroja una doble lectura. Si el Senado se modifica para convertirse en una verdadera cámara territorial, puede ser positivo que las comunidades envíen a representantes que por su trayectoria personal, profesional o intelectual supongan un revulsivo. Ahora bien, si la ley es aprovechada por los partidos para componendas y repartos se corre el riesgo de hacer del Senado un cementerio de elefantes. Está claro: el cambio de la ley será positivo si en su desarrollo no se pervierten los fines.