Centenares de inmigrantes ilegales están en Alcarrás (Lérida) para participar en la recogida de la fruta, pero no hay trabajo para ellos. La mayoría de los agricultores de la zona cumplen las normas: o emplean a residentes con papeles en regla o contratan en otros países a temporeros para que vengan sólo para la campaña agrícola. Quien pone en cuestión la que teóricamente es su política oficial de extranjería es el Gobierno, que ha enviado desde Canarias a Cataluña, en avión, a inmigrantes sin papeles, sin darles información previa, sin tener garantías de que allí habría trabajo, y desentendiéndose luego de ellos y del reto que para los servicios sociales locales supone su situación de desamparo y hacinamiento. Puede ser legal, como dice Interior, pero sobre todo es irresponsable e incoherente.
El Gobierno ni ha sellado las fronteras, ni ha canalizado la inmigración legal a través de la contratación en origen, ni ha logrado integrar a cientos de miles de sin papeles, ni les ha expulsado. Mientras no tome una decisión --o expulsión o reabrir las regularizaciones--, los problemas sociales y de delincuencia potencial que supone la presencia de estas personas en estas condiciones seguirán sucediéndose.
