QUE PAGUE RUDI

La Federación de Empresarios de Comercio se ha apiadado del Ayuntamiento de Zaragoza en el pufo de la plaza de Utrillas y ha solicitado una prórroga de dos meses al juez. Hay un aspecto curioso en esta flagrante ilegalidad cometida por la entonces alcaldesa Luisa Fernanda Rudi. Si se cumple la sentencia, la ley, se supone que el ayuntamiento habrá de indemnizar al supermercado con setenta mil euros. El culpable fue el ayuntamiento presidido por Luisa Fernanda Rudi, que concedió la licencia para diez mil metros cuadrados saltándose le ley a la torera. Rudi era especialmente veloz para dar licencias a cierto supermercado. Pero aquel ayuntamiento no tiene ninguna clase de responsabilidad, ni judicial ni política ni moral. Nadie se inmuta. De hecho, tras permitir ese chanchullo Luisa Fernanda Rudi fue premiada con el tercer puesto del escalafón del Reino, presidenta de las Cortes, lo que dice muy poco del presidente Aznar. Si la ciudad ha de pagar doce mil millones de antiguas pesetas de indemnización el pufo ya entra en la zona Roldán. Deberían pagarla Rudi y sus concejales, y los que votaron que sí a esa licencia ilegal. Que paguen la indemnización a escote. De esa forma se cortaría de raiz una cierta forma de gobernar en la capital aragonesa, casi una tradición: esa forma de gobernar es la que propició, por ejemplo, el pufo de la salchicha del Actur, y la que ha inspirado la vergonzosa operación para expropiar el tercer cinturón. Enriquecer a cuatro listos y arruinar la ciudad. Como dice Trasobares la derecha comete sus pufos de forma natural, sin inmutarse y, lo que es peor, sin que nadie le pida cuentas. A la derecha, la corrupción se le presupone. Hay otro asunto curioso. ¿Por qué habría que indemnizar a alguien que se ha beneficiado durante años de una concesión ilegal? ¿No es demasiado morro? En buena lid, ese supermercado nunca debería haber ocupado más espacio del que permite la ley. Ni mucho menos, solicitar una licencia que excede las ordenanzas. Este caso guarda una especie de simetría con la trampa de las academias de idiomas. Los bancos, por sentencia judicial, han tenido que suspender el cobro de créditos a los alumnos estafados (las cajas aragonesas lo hicieron antes voluntariamente, lo que las honra). El que se beneficia de un acto ilegal no debería, además, exigir indemnizaciones. ¿Y si el juez no concede la prórroga?