Fue Kevin Wilkes, un joven graduado en leyes por la Universidad de Yale, quien me contó que en Japón, los conflictos judiciales sobre accidentes de tráfico, los resuelve una computadora. Un funcionario introduce en ella el atestado policial, el fiscal sus pruebas de cargo, y los abogados de las partes, las de descargo y sus alegaciones. El ordenador procesa automáticamente todo aquel berenjenal y, en pocos segundos, aplicando con rigurosidad la ley y la jurisprudencia, dicta sentencia.
Los defensores de la justicia cibernética alegan, como argumento, que las máquinas evitan el tráfico de influencias, la lentitud de los procesos, sus exorbitantes costos y la desigualdad. Pero quienes creemos que el concepto de justicia va unido a la igualdad, al ejercicio de la libertad, al derecho a vivir en democracia y a la consecución de la felicidad mediante la distribución equitativa de la riqueza, la rechazamos. Mantenemos, con Pierre J. Proudhon, "que la justicia es humana, absolutamente humana, nada más que humana y que es injusto relacionarla con un principio superior a la humanidad".
El juez que se limita a aplicar la ley es un mal juez. En el mundo del derecho, son muy pocas las veces en que la ley recorre el mismo camino que la justicia. Administrarla constituye algo más que aplicar la ley. Si un juez, al dictar sus sentencias, se limita a condenar a cada justiciable con lo que el Código Penal sanciona, es un mal juez. Fueron muchos los magistrados que, durante el franquismo, en todos los órdenes de la justicia, desecharon muchas leyes por injustas. Les daban la vuelta para no aplicarlas. Era una forma de hacer justicia. Los códigos, en aquel entonces, eran meros instrumentos de protección, defensa y venganza de una clase social privilegiada por el Estado frente a la de los menos favorecidos, como lo van siendo ahora. Es obvio que los gobiernos conservadores que dominan el mundo vuelven a implantar los instrumentos retrógrados de siempre, en una constante vuelta al ayer.
ESTAS reflexiones vienen a cuento a raíz del reciente enfrentamiento, respecto de la política reductora de la Escuela Judicial, entre la Asociación Profesional de la Magistratura --órgano corporativista sumamente conservador de los jueces-- y las agrupaciones más progresistas, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro de Justicia Independiente. El conflicto surgió cuando el consejo rector de la institución aprobó la propuesta de reducción del profesorado a la mitad. Una decisión que fue contestada radicalmente por los grupos progresistas.
Pero lo preocupante no es sólo la condena encaminada a formar a los futuros jueces en condiciones precarias en aras de un sedicente gasto público, sino también la revelación de criterios inmovilistas de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre la práctica judicial. Los conservadores mantienen un sistema cerrado de oposición que aísle a los jueces de la realidad social de nuestro tiempo, mientras que los otros grupos abogan por una educación humanista, basada en el conocimiento universal, y su integración como personas en la sociedad.
LAS OPOSICIONES han convertido a muchos jueces en funcionarios. Otros, consecuencia de la oposición, consideran la carrera como un medio de subsistencia. Abogados sin clientes, fracasados en oposiciones a notarías o a la Abogacía del Estado se han transformado en jueces sin vocación. Algunos creen que ser juez conlleva la admiración y el acatamiento de los demás. Olvidan que son muchos los ciudadanos que, víctimas de sus decisiones muchas veces injustas, han cambiado el respeto que les guardaban por sentimientos violentos de repulsión e incluso odio. Los justiciables para muchos jueces son simples números, gentes sin rostro convertidos en muñecos de papel.
"Los jueces --lo escribió H. Magnus Enzensberger en 1931--, precisan para emitir sus fallos, primero, conocer el derecho y, segundo, tener conciencia social". Por ello, su ambición debe ser única: practicar con rectitud la equidad y el derecho. Encerrar a los nuevos jueces en búnkeres cibernéticos es el inicio de su conversión en robots. En máquinas al servicio del Ejecutivo. Aznar dijo, el pasado lunes, por televisión: "Hemos de endurecer las leyes para que las apliquen jueces independientes". Mucho me temo que esta frase constituya la confirmación de su política encaminada a convertir el derecho en un arma letal para impedir la transformación de la sociedad y el acceso al poder de quienes mantienen ideas progresistas. Se debe impedir, a toda costa, que los jueces del mañana se conviertan en robots.
Porque no existe en el mundo ninguna computadora que funcione por sí sola. Evitar que los negros fantasmas de la globalización imperialista las programen es una perentoria y urgente necesidad.
*Jurista
