Probablemente, el hecho de que la economía española crezca en buena parte gracias a la construcción explica la resistencia del Gobierno a admitir los riesgos que ello supone.

Pero no se trata de una disputa entre partidos o entre el Ejecutivo y la oposición, sino de un debate en el que se han pronunciado la OCDE, la Comisión Europea y ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI): ese modelo de desarrollo entraña grandes incertidumbres cara al futuro.

El FMI, que no escatima elogios a las reformas introducidas en los últimos años por el Gobierno del PP, alerta de las consecuencias que el elevado endeudamiento contraído por las familias para adquirir viviendas --cuyo valor ha subido otro 17% hasta septiembre-- puede suponer para la economía en el caso de que los precios mantengan la escalada o de que los tipos de interés inicien una senda alcista. Hasta la patronal bancaria ha pedido al Gobierno medidas que aseguren el crecimiento cuando la construcción, los tipos y el consumo privado pierdan fuerza.

El alto coste de la vivienda ya no sólo constituye un problema social, sino que en cierta manera se ha convertido en una amenaza para nuestro progreso.