Quizá mejor que ninguna otra iniciativa de cuantas han surgido del pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, la denominada ley de juicios rápidos resume los dos grandes objetivos políticos del Ministerio de Justicia en esta legislatura: modernizar la Administración de justicia, haciéndola más ágil, eficiente, transparente y cercana al ciudadano y, de otra parte, fortalecer el sistema judicial penal como instrumento básico de lucha contra la criminalidad.

La lentitud en la instrucción penal no aporta garantía alguna para el acusado de un delito. La tardanza de días o semanas en recabar los antecedentes penales referentes a un detenido, el retraso de semanas o meses en realizar la tasación pericial de los efectos sustraídos, aun cuando éstos sean de muy escaso valor, o en la realización de pruebas analíticas de sustancias estupefacientes o de fluidos orgánicos nada tiene que ver con las garantías procesales inherentes al due process of law. Tampoco creo que aporte sustanciales ventajas al imputado (ni a sus víctimas ni a quienes han de participar de algún modo en el proceso; por ejemplo, los testigos) la prolongación indefinida de la fase intermedia del procedimiento o el retardo de meses (entre tres y cinco de media) en el señalamiento de la vista oral, como ha sucedido hasta ahora.

NO EXISTE, más allá de la mera inercia histórica, ningún obstáculo constitucional que impida que una parte importante de los procedimientos penales, en particular los referidos a delitos flagrantes, puedan quedar íntegramente instruidos tan sólo en unas horas si se actúa con suficiente coordinación entre la policía judicial y los juzgados de instrucción y se dispone por éstos de los medios auxiliares imprescindibles. Y nada debe impedir tampoco, en las situaciones más frecuentes en la práctica, que una vez concluida la investigación criminal durante la propia guardia judicial, fiscales y abogados puedan inmediatamente formular sus alegaciones, y quede señalada la vista oral.

No parece, desde luego, que hasta este momento haya sido perturbada ninguna de las garantías proclamadas en el artículo 24.2 de la Constitución. Antes al contrario, si lográsemos la agilización pretendida habríamos contribuido a hacer efectivo el más ignorado de todos los derechos constitucionales de índole procesal (el derecho "a un proceso público sin dilaciones indebidas").

La entrada en vigor de esta reforma no ha supuesto ni más delitos ni más causas penales. Pero sí la concentración del esfuerzo de múltiples profesionales en unos plazos breves y exigentes. No ha sido necesario acudir, una vez más, al eterno y simplista expediente de crear más órganos judiciales, sino revisar en profundidad el modelo de servicios de guardia y aplicar importantes recursos presupuestarios.

EL PASADO abril entraron en funcionamiento nada menos que 16 nuevos juzgados de guardia de máxima disponibilidad en las ocho grandes ciudades de España, y se crearon 315 servicios reforzados de guardia en los demás partidos judiciales. También el Ministerio Fiscal cuenta desde abril con un nuevo diseño de su sistema de guardias, de modo que de los 132 fiscales que realizaban diariamente estas funciones se ha pasado a contar con 450 fiscales en esta labor.

Al igual que hicimos en la preparación de la entrada en vigor de la ley, estamos llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de su aplicación. Los resultados obtenidos de este inmenso esfuerzo organizativo y presupuestario hablan por sí mismos: con arreglo a los datos del CGPJ, desde el mes de abril se tramitan más de 15.000 procedimientos rápidos de media al mes, un 45% del conjunto de los asuntos penales con autor conocido ingresados. Ello ha sido posible porque, a diferencia de lo que ha sucedido tradicionalmente, esta vez ha existido un auténtico proyecto nacional de implantación, con una profunda implicación de todos los sectores profesionales. El éxito de este ambicioso proyecto está dando --por fin-- una verdadera oportunidad de reconciliación de nuestra justicia penal con las aspiraciones de los ciudadanos.

*Director general para la Modernización de la Administración de Justicia