ENSEÑANZA
Educación en libertad
***Vicente Franco Gil
***Zaragoza
La Constitución Española garantiza la enseñanza y el respeto a la diversidad. Los poderes públicos son instrumentos subsidiarios frente al papel principal y social de los padres en cuanto a la elección de centros educativos, y solamente cuando la Administración respeta la libertad de creación y dirección de centros privados y observa el derecho de los padres a elegir escuela según sus propias convicciones es cuando se puede hablar de tolerancia y pluralidad.
El Estado no puede arrogarse el derecho exclusivo de educar a los hijos ni de imponerles un tipo concreto de centro educativo ya que la titularidad para elegir lo idóneo, lo mejor le corresponde únicamente a los padres.
La libertad de enseñanza es una prolongación de la libertad ideológica, religiosa y de expresión según sentencia del TC 5/81.II.7.
Además, la idea errática de que el dinero público es para lo público se debe declinar dando paso al concepto de fondos procedentes de impuestos los cuales contribuyen a la gratuidad de la enseñanza en sentido lato. Una sociedad democrática, plural y aconfesional obliga al Estado a ser neutral en materia de enseñanza, otorgando el protagonismo absoluto a la responsabilidad de los padres.
Por ello el Tribunal Supremo señala que el art. 27.6 de la Constitución "supone la inexistencia de un monopolio estatal docente y sí la existencia de un pluralismo educativo institucionalizado", considerando lo público y lo privado sistemas convergentes sin que ninguno prevalezca sobre el otro.
Igualdad no significa la uniformidad rotunda de un modelo de enseñanza único, público y laico, pues esta consideración es regresiva y atenta contra el Estado de Derecho.
De cara al nuevo curso escolar el gobierno socialista debería tener en cuenta estas razones para no secuestrar los legítimos intereses que relegan a los padres a la cautividad.
ARAGÓN
Empresas públicas
***Pilar Fierro Gasca
***Zaragoza
En las páginas de la prensa aragonesa ha aparecido recientemente un interesante informe sobre el entramado empresarial creado y participado por la Diputación General de Aragón.
De ese informe, aunque se señala la opacidad como uno de sus defectos, se extrae una conclusión positiva, la necesidad y utilidad de ese conjunto de empresas, que son, a mi juicio, más que dudosas.
Los sueldos de los cargos directivos y cuadros medios son mucho más elevados que los que perciben los funcionarios. Quien antes era jefe de servicio ahora ha pasado a ser gerente, cobrando más que el propio presidente Iglesias.
Los funcionarios que han pasado a esas empresas cobran ahora mucho más que antes por hacer el mismo trabajo.
Muchas de ellas contratan y prestan sus servicios en exclusiva a la DGA en competencia desleal con el sector privado.
Reciben sus ingresos directamente, por tanto, de los presupuestos de la Comunidad.
Pero estas empresas a su vez subcontratan a las que antes contrataban directamente con la Diputación General de Aragón.
Su papel se reduce a la simple intermediación, cobrando su correspondiente margen, y hurtando esa gestión a la fiscalización de los órganos de intervención y, por lo que se está viendo, al control parlamentario.
Si a ello sumamos el desembarco de la militancia de los partidos gobernantes y de sus familiares el cuadro queda completo. ¿Dónde está el ahorro?
¿Dónde la eficacia?
¿Dónde la trasparencia?
Es claro que tienen su utilidad, pero no para los intereses generales.