No se discute el objetivo de las empresas públicas que como Sirasa o Sodemasa gestionan las infraestructuras rurales aragonesas o el desarrollo medioambiental de la comunidad. Pero sí es discutible que la política acabe contaminando lo que en teoría sólo debería ser gestión pública. Una prueba de que tal contaminación existe es el cese del consejero Boné como miembro del consejo de administración de Sirasa, la sociedad de la DGA que preside el consejero Arguilé. Las dos consejerías, Medio Ambiente y Agricultura, han mantenido serias discrepancias en los últimos tiempos, y este cese parece ser el resultado del enfrentamiento.
