Los cargos públicos tienden a pensar, incluso a afirmar en determinados foros, que el descreimiento consuetudinario de los aragoneses viene dado por las diatribas que habitualmente lanzan los periodistas contra la clase política. Incluso los hay que acusan a los informadores de fomentar este endemismo con el único objetivo de crear la tensión suficiente como para llamar la atención hacia los medios y mantener su razón de ser, sobre todo en etapas de aparente bonanza como la actual, en la que parece que los ciudadanos muestran menos interés por los temas generales. No seré yo quien contrarreste tal opinión, pues utilizar este espacio para hacerlo sería un abuso de poder, casi tanto como darles la razón. Pero aun a riesgo de abonarla afirmaré con cierta impunidad que la desconfianza es fruto de las promesas incumplidas y de las frustraciones generadas. Y en ningún caso responsabilidad de quien las denuncia.
Este mes se dan varios ejemplos. El primero, flagrante, relacionado con la devolución de los bienes de la Franja expoliados por el Obispado de Lérida que aún hoy continúan retenidos ilegalmente. Hace un año, trascendía el pretendido fallo definitivo de la Justicia Vaticana en el que se daba a la diócesis catalana un mes de plazo para devolver las obras. Las reacciones en la comunidad fueron de júbilo, con el presidente Iglesias a la cabeza mostrándose convencido de la pronta resolución del conflicto y afirmando que el nuevo fallo dejaba muy condicionado el recurso por la vía civil. Pasaron unos meses y, a la vista de las dificultades que planteaba el cumplimiento de la sentencia por la contumacia del obispo catalán, apoyado especialmente en CiU, se buscó una fórmula de acuerdo con la Generalitat.
El objetivo era una devolución casi encubierta de los bienes evitando que se ejercieran acciones civiles, las mismas que poco antes habían sido despreciadas por la DGA. Del resto del proceso está casi todo escrito. Lo único objetivo es que el 21 de septiembre del 2005 la justicia vaticana señaló que las piezas debían volver a Aragón y a 24 de septiembre del 2006 continúan en Lérida. O mucho nos equivocamos o dentro de un año seguiremos igual --peor es difícil-- en la resolución de este conflicto a favor de las tesis de Aragón. Pero, tranquilos, si el aragonés sigue por aquel entonces desconfiando, la culpa será del mensajero.
CON LOS presupuestos generales del Estado pasa algo parecido todos los meses de septiembre. Cada año se generan grandes expectativas sobre la territorialización del gasto y de la inversión pública, especialmente de esta última. En una comunidad en la que según el CIS las infraestructuras preocupan más que en el resto del país, tan insertado como ha estado su déficit en el debate político, el análisis se centra especialmente en el desembolso que prevé el Estado en obras públicas. Los últimos presupuestos no han sido malos desde que en los años 90 comenzaran las obras del AVE, y así se han mantenido a su finalización. Otra cosa es la sensación, cada vez más extendida, de que los presupuestos se cumplen sólo parcialmente y de que las obras jamás se acaban en el plazo.
Excepción hecha de Zaragoza, merced a la organización de la Expo en el 2008 y las obligaciones contraídas por la ciudad, los proyectos en el resto de Aragón transitan tortuosamente hacia su final. Caso palmario es la autovía Mudéjar, pues desde que en 1992 se alcanzara un principio de acuerdo para que la comunidad autónoma la financiara han pasado la friolera de quince años, dieciseis a efectos presupuestarios, y prácticamente no ha habido anualidad en la que los estudios, proyectos o adjudicaciones de esta iniciativa no hayan salido en presupuestos. ¿Tantas veces vendida en el papel la autovía, no tendría que estar ya acabada?
Cabría citar otros ejemplos, como el de la presa de Biscarrués. Hace también un año, como con la sentencia vaticana, en Aragón comenzaba la discusión sobre la posición a seguir. 365 días ha costado alcanzar un acuerdo que comprometa al Ministerio de Medio Ambiente. La labor del consejero Boné ha sido ardua, en momentos incluso brillante, pero exaspera el tiempo perdido, las energías derrochadas para decidir simplemente qué hacer.
DE NUEVO el descreimiento de los aragoneses, ya no ante promesas, sino ante papeles mojados. Con los presupuestos del Estado ocurre como con la sentencia vaticana de los bienes de la Franja, el aragonés ya no sólo desconfía de las promesas, recela de los papeles, y con razón. El único antídoto que podrán encontrar quienes ostentan la responsabilidad pública para sacudir tanto escepticismo entre la sociedad aragonesa vendrá, en fin, de la fuerza de los hechos. De la devolución efectiva de los bienes, de la conclusión de todos los tramos de autovía, de la solución definitiva a la regulación del Gállego...
Aragón tiene condiciones para elevar su presencia y su papel en la España de las comunidades autónomas. Y no carece de razones quien afirma que para lograrlo hace falta confianza y autoestima, pero desde el ámbito público han de marcarse ejemplos a seguir. La Expo del 2008 debería ayudar en ese cambio de mentalidad, algo que sólo ocurrirá si, como parece, la sociedad que se encarga del meandro y las administraciones implicadas en las obras de acompañamiento olvidan las habituales dilaciones y el incumplimiento de los compromisos. Además de un gran acontecimiento con proyección internacional, si se llega sobrado, con los deberes cumplidos y con las obras acabadas, la Expo permitirá a los aragoneses sacudirse ese descreimiento crónico. Ése sería el segundo gran éxito la muestra.
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