Con el asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya los poderes fácticos de Rusia han enviado un mensaje inequívoco a quienes se oponen a la política de palo y tentetieso de Vladimir Putin: no hay sitio en las posesiones del nuevo zar-presidente para los adversarios de sus designios. Si antes del verano Putin se vio acuciado por las tímidas críticas de los líderes occidentales, hoy vuelve a tener las manos libres para resaltar los perfiles más abominables de un Estado policial. El asesinato de Politkóvskaya es la triste prueba de que Rusia está lejos de haber abrazado la democracia. En cambio, constituye una dramática confirmación de que la chechenización de la política rusa se ha impuesto en el Kremlin, y la misma táctica de tierra quemada empleada en la pequeña república secesionista se ha extendido a toda la federación. Una deriva que, resulta una obviedad decirlo, es incompatible con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Solo el hecho de que Rusia sea el mayor almacén de gas y petróleo de Eurasia explica la tibieza con la que Occidente ha reaccionado a la muerte de la periodista. Esto y su condición de potencia nuclear venida a menos, pero perfectamente capacitada de ser una amenaza militar para EEUU. Una circunstancia que corrige al alza su peso real en la economía mundial e impulsa a sus socios del G-8 a tener con ella toda clase de contemplaciones.