El salvaje arboricidio de las Navas del Marqués ejemplifica cabalmente el estado de la cuestión: aun en el caso de que la justicia se pronuncie contra los desafueros del ladrillero de turno, es tanto el poder de éste que los árboles y cuanta riqueza comunal contienen se talan igual. Cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenciara que los bosques de las Navas no pueden destruirse para erigir hoteles y campos de golf --cual empezó a hacer el constructor apodado El Paloma en absoluta connivencia con las autoridades locales y autonómicas, todas ellas del PP--, el lunes, una máquina capaz de talar mil árboles al día seguía arrasando con total impunidad el territorio de las cigüeñas negras y del futuro de nuestros hijos, que a este paso habrán de sobrevivir comiéndose la hierba de los campos de golf. Ninguna fuerza de orden público o de la seguridad de Estado estaba allí para respaldar la sentencia judicial que habría de impedir ese delito de la humanidad, ese nuevo atentado contra el solar nacional del que se han apropiado, según vemos, los ladrilleros y los especuladores en combinación con políticos que no merecen el cargo y la representación que ostentan, por mucho que hayan sido elegidos mediante sufragio.

Al gobierno de Castilla-León y al alcalde de las Navas no sólo les gusta lo de El Paloma, sino que están entusiásticamente en el ajo. En los actuales reinos municipales y autonómicos cada cual hace con el suelo lo que le da la gana. ¿Y la justicia? ¿Y el Estado? Inanes, ausentes. Escritor y periodista