La solvencia científica y el prestigio académico de los autores del estudio hecho público ayer por la revista médica The Lancet permite abrigar pocas dudas acerca de cuál es el precio en vidas pagado por Irak a causa de la invasión: 655.000 muertos, de los que 601.000 fueron víctimas directas de la violencia. Dicho de otra forma, las dimensiones de la matanza igualan las cifras de la guerra civil española y multiplica por 20 el parte de bajas suministrado a la prensa por el presidente Bush en persona hace unos meses. Llena de estupor que ante esta catástrofe humana de dimensiones apocalípticas, el portavoz del Ejército de Estados Unidos recurra a un solo de violín: "La coalición adopta enormes precauciones para que no se produzcan muertos y heridos civiles". No solo es discutible que el control del territorio y la contención de las tropas sean los debidos, sino que los desmienten por completo la cifra de muertos.

Ni la publicación que se ha hecho eco del estudio, ni los epidemiólogos reunidos por la Universidad John Hopkins para elaborarlo, ni el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo ha financiado, son precisamente sospechosos de radicalismo. Más bien son la moderación y el rigor que los caracterizan los que subrayan la opacidad y el engaño en los que se ha instalado la Administración de Bush para ocultar los desastres de una posguerra, convertida en contienda civil entre iraquís, más cruenta que la guerra misma.