El veto impuesto por el PSOE y el PAR impidió que prosperara en las Cortes de Aragón la obligatoriedad de advertir en los artículos alimenticios la presencia de productos transgénicos. La propuesta era de CHA y está en la línea que persiguen las grandes cadenas de producción alimentaria, que rechazan cualquier producto que haya sido manipulado genéticamente. Las administraciones todavía no son conscientes de que hay un rechazo social a este tipo de cultivos. Y deberían serlo. Sólo hay que fijarse en las importaciones de maíz francés que hace una multinacional aragonesa, porque en España no encuentra maíz natural.