Son muchos los trabajos que tratan de estimar los efectos de los movimientos migratorios sobre la economía. El ejercicio es complejo, especialmente en nuestro país, por la dimensión que ha supuesto la inmigración en un breve intervalo de tiempo. El fenómeno migratorio, por lo demás, coincide con otros factores de transformación económica que se mueven con él, ya sea reforzándolos u obstaculizando su devenir.

Si se simula su alcance a partir de datos de otros países --como ha hecho recientemente un informe de Caixa Cataluña--, extendiendo los resultados de estos países a nuestra economía desde realidades distintas, la controversia está servida, ya que los detalles institucionales y de funcionamiento de la economía son aquí tan diferentes como decisivos. En efecto, no parece adecuado proyectar lo sucedido en otros países y en otros momentos del tiempo a una realidad distinta ni, por supuesto, derivar lo que habría acontecido en caso de que el fenómeno migratorio no se hubiera producido.

Además, amén del rigor metodológico exigible a cualquier análisis, la precaución se impone en la interpretación de los resultados, especialmente si las conclusiones obtenidas se prescriben para la toma de decisiones de política económica (cuánto del producto interior bruto es atribuible a un determinado factor; cuánta pérdida de crecimiento sería imputable a su ausencia).

Diversas son las causas de dichas cautelas. Por ejemplo, la movilidad del trabajador inmigrante --sectorial y geográficamente-- y su peso en ramas de actividad informales o sumergidas dificultan los análisis tradicionales de población ocupada por sectores y niveles salariales. De modo similar, es sabido que la inmigración afecta a las cohortes de población ocupada, en particular en sociedades relativamente envejecidas, y por ello incide en las tasas de empleo y desempleo y en los perfiles salariales de modo distinto entre diferentes grupos de población. Su composición puede incluso aliviar la de otro modo elevada rigidez del mercado de trabajo, generando flexibilidad y mayor eficiencia productiva en general.

EL ESTUDIOde la inmigración presenta, más allá de las cifras, múltiples aristas (no solo las económicas) y está cargado de fuertes connotaciones políticas y sociales. De ahí la preocupación por garantizar, en primer lugar, que las cuestiones a estudiar en este terreno sean las realmente relevantes y no induzcan a buscar resultados de conveniencia que generen distorsiones de percepción graves.

Desde este prisma, parece irrelevante la cuestión de si los inmigrantes contribuyen más que se benefician de los recursos públicos del país, como si el tema de la inmigración se pudiera resolver con un gran análisis coste-beneficio, de incidencia dudosa. ¿Lo haríamos también con nuestras personas mayores?

No parece un argumento apropiado el de "las necesidades de empleo de la economía". El hecho de que algunos empresarios necesiten más trabajadores para un sector determinado no es una cuestión relevante si lo que se esconde con ello es, sobre todo, la resistencia o dificultad de retribuir con salarios competitivos-eficientes a sus trabajadores. La vía de ofrecer salarios inferiores y condiciones laborales precarias acudiendo a la demanda de inmigrantes no tiene fácil justificación, ni económica (salarios bajos para mantener sectores no competitivos, a menudo en competencia desleal con los propios países de procedencia del inmigrante) ni social, ya que muchas veces la precariedad de dicha demanda de trabajo y el fraude en las cotizaciones sociales son la base de la supervivencia empresarial.

Tampoco parece lógica una política social (sanitaria, de vivienda o servicios sociales) específica a la condición de inmigrante. Más sensato parece formular las prestaciones públicas en razón a la situación social o de salud de cada ciudadano sin distinciones por su país de origen. Es como mínimo dudosa la discriminación positiva en algunos servicios (con gestores culturales, lingüísticos, por tipo de cuidados a la carta), ya que estigmatiza a los receptores y crea malestar entre el resto de ciudadanos en razón de sus costes diferenciales.

Cabría contraponer, quizá, a aquellas consideraciones, las relativas a la capacidad agregada de la comunidad de acogida para integrar la inmigración sin suscitar barreras irracionales. Aceptemos que las racionales, o normales, sí podrían tenerse en cuenta como restricción. Se trata de barreras mitigables a medio y largo plazo por políticas públicas que favorezcan su cambio, si así se desea: por ejemplo, en lo que se refiere a las barreras culturales, de falta de dispositivos asistenciales adecuados, de localización que evite la segmentación, etcétera.

TAMBIÉNhabría que considerar la necesidad de acompasar el empuje migratorio (shocks de entradas, inmigración ilegal, regularizaciones) en el tiempo y en la geografía. No tiene sentido que el país de acogida no actúe sobre los polos de atracción, buscando la adecuación de la demanda de trabajo con la oferta social de acompañamiento (escolarización satisfactoria, vivienda asequible, poder real de compra de salarios nominales).

Finalmente, convendría, de una vez por todas, discutir los pros y los contras de una política de acogida basada no solo en la permanencia, sino también en la temporalidad: el hecho de que los inmigrantes disfruten de derechos únicamente en la medida en que mantienen la residencia favorece el efecto llamada para los reagrupamientos familiares. La mejor política de inmigración es hoy probablemente la que fuerza a una mayor sensatez de sus entusiastas.

Catedrático de Economía