Unos cuarenta mil aragoneses esperan como agua de mayo la creación del consejo de dependencia, el organismo que se encargará de aplicar la nueva ley que entrará en vigor en enero. Todos las personas que no pueden valerse por si mismas podrán exigir, en mayor o menor medida, prestaciones sociales al Estado, y será este consejo el encargado de valorar las necesidades, los derechos y, por tanto, las obligaciones. Este consejo debe trabajar con urgencia y esmero para que cuando la ley pueda ser aplicada, en Aragón ya se hayan hecho los deberes de manera que los beneficiarios no tengan que esperar el lento discurrir de la burocracia.