La decisión de los expertos en seguridad del Ministerio del Interior y de las instituciones catalanas de recomendar el traslado o aplazamiento de la cumbre de ministros de Vivienda de la Unión Europea que debía celebrarse desde el próximo lunes en Barcelona es enormemente preocupante. Y más lo es aún la decisión final del Gobierno de Rodríguez Zapatero de aplazar su celebración. El Estado democrático y sus instituciones no pueden ceder ni a la amenaza ni al chantaje de los que defienden sus ideas con violencia.

Si las fuerzas de seguridad consideran que los disturbios de la semana pasada fueron un aviso para esta cumbre, deberían haber tomado medidas para desactivar la amenaza. Parece casi una burla que 200 jóvenes armados con cohetes y bolsas de pintura aborten una reunión de políticos elegidos democráticamente que tienen que debatir uno de los principales problemas de los ciudadanos europeos.

Más allá de esta decisión contraria a los valores democráticos, el aplazamiento tiene un impacto muy negativo para la convivencia tanto en Barcelona como en cualquier ciudad española cuya seguridad ha de estar garantizada por las fuerzas del Estado. Si es cierto que los violentos son un grupo reducido, la misión de las fuerzas de seguridad es identificarlos y desactivarlos, sea por la vía penal o por la vía de la mediación y la acción social, pero nunca amilanarse ante ellos.