Uno de cada tres zaragozanos sitúa la inmigración entre las principales preocupaciones de la ciudad. La mera percepción como problema de la llegada masiva de extranjeros debería conducir a una reflexión de las autoridades locales. Solo el tráfico, a muy poca distancia, inquieta más a los ciudadanos en el último barómetro municipal, realizado en la segunda quincena de septiembre, coincidiendo con el punto álgido de la crisis de los cayucos. Acaso esta circunstancia permita adivinar que muchos de los encuestados respondiera condicionado por el fuerte impacto emocional que supuso para los españoles comprobar cómo miles de subsaharianos eran capaces de jugarse la vida para llegar a las costas de Canarias. Pero los datos de la inmigración en Zaragoza constatan que la mayor parte de los extranjeros residentes en la ciudad son, por nacionalidades, rumanos y ecuatorianos. Entre ambas colonias suman más de un tercio del total de 65.000 extranjeros empadronados en la capital aragonesa. O, dicho de otra forma, el impacto de la inmigración africana en Zaragoza es menor en comparación con la europea y la americana.

El azar me llevó a coincidir después de trascender los datos del barómetro municipal de septiembre con uno de los zaragozanos que contestó a la encuesta. Era uno de los ciudadanos que situó, además, la inmigración entre las principales causas de preocupación. De poco sirvió mi reflexión sobre el origen de su asistenta de hogar --es una mujer de origen rumano--, pues el sondeado se ratificó en la sensación que expresó en la encuesta: la inmigración es un problema aunque a él le haya permitido encontrar una persona responsable a cambio de un salario bajo y que no muestra especial inquietud en cambiar de ocupación. Vi en este caso un auténtico paradigma. En la relación individual con los inmigrantes, normalmente por cuestiones laborales, hay muy pocos ciudadanos con experiencias negativas. Pero cuando se trata de analizar y calificar el fenómeno, el asunto pasa a convertirse en un problema.

NI QUE DECIR tiene que los diferentes intentos por legislar en materia de extranjería han resultado infructuosos y probablemente sean la clave para entender por qué la inmigración es calificada como problema. Para una mayoría, los últimos avances legislativos han generado la sensación entre los españoles de que existe un efecto llamada que hay cortar de raíz. Los diferentes estudios de opinión al respecto corroboran esta sensación. El último, publicado estos días por la prensa madrileña, fija en el 57% el porcentaje de ciudadanos críticos con el proceso de regularización masiva emprendido el año pasado por el Gobierno. Otra cosa es que a la hora de preguntar por posibles soluciones la disparidad de criterios viene siendo muy grande. Solo existe consenso en la necesidad de establecer cupos de acuerdo con las ofertas de trabajo, pero la mayoría desconoce que este elemento de control ya está plenamente previsto en la legislación vigente. Los funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas manejan listas actualizadas sobre demandas de empleo no cubiertas y de las que se deriva un proceso de regularización de inmigrantes casi automático por cuanto no hay un nacional apuntado en la lista de empleo de la zona dispuesto a quedarse con el puesto.

Asumiendo que es el Estado el que debe actuar para evitar éxodos masivos y crisis como la de los cayucos, la pregunta es qué pueden hacer las administraciones autonómicas y locales para conseguir que la integración de los extranjeros sea plena y la sensación del zaragozano encuestado no sea tan negativa. La verdad es que asusta pensar que sin haberse producido ningún problema grave de convivencia un tercio de la población califique como problema la inmigración. Hace unos años, el Gobierno de Aragón consensuó en las Cortes un plan integral sobre la inmigración que apenas ha surtido efectos, o, por lo menos, no se conocen sus resultados. En Acción Social, el Ejecutivo ha planteado programas ambiciosos en atención a la dependencia o a la familia, pero apenas se conocen líneas de actuación novedosas en lo relativo a los extranjeros. La pregunta podría formularse simbólicamente así: ¿Por qué el Gobierno de Aragón tiene una ambiciosa dirección general de Familia y no una de Inmigración? Existen discrepancias respecto de cómo deben actuar las comunidades autónomas, pero la peor manera de intervenir en este fenómeno es ignorarlo. No cabe duda de que en dos de las materias más sensibles respecto de la integración de los extranjeros --los servicios sanitarios y los educativos-- se han hecho bien las cosas, pero no se ha logrado visualizar un discurso político que afectara a todo el Gobierno por igual. Y, como se manifiesta en las mencionadas encuestas, hora sería de que fuera realizándose un esfuerzo. Mientras otros asuntos como la autonomía o el agua consumen grandes debates parlamentarios y se llevan la mayor parte de titulares políticos, la inmigración no ha sido siquiera conceptuada como un asunto capital también en la cuestión autonómica.

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha trabajado correctamente desde la dimensión asistencial de la institución. Otra cosa es que todavía falta mucho por recorrer en la coordinación de los colectivos que trabajan para en integración. La normalización del proceso de la inmigración no depende solo de la actuación pública, sino de la encomiable labor de colectivos cuyo papel resulta primordial.

Ahora que Aragón está a las puertas de un proceso electoral, los partidos deberían aplicarse e incorporar al discurso y a sus programas nuevas líneas de actuación en materia de inmigración.

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