La creación de empresas públicas dependientes del Gobierno de Aragón alcanzará en el 2007 al departamento de Servicios Sociales. Inicialmente, las empresas públicas pueden ser una buena herramienta para agilizar trámites --de ahí, por ejemplo, que se creara hace ya quince años la dedicada a Suelo y Vivienda--, pero el uso desmedido de esta práctica en la gestión comporta riesgos. Y no por una cuestión de desconfianza, sino porque estos entes tienden a funcionar sin la fiscalización necesaria desde las Cortes e, incluso, sin la transparencia suficiente ante la opinión pública. El consejero Ferrer justifica esta fórmula en la necesidad de aplicar con agilidad la nueva ley de dependencia, pero en este caso parece razonable preguntarse si tiene sentido la creación de una empresa. Al fin y al cabo, existe ya una importante nómina de funcionarios adscritos al departamento con experiencia en este terreno. El debate está servido.