Nunca he entendido por qué el constituyente de 1978 otorgó legitimidad al Defensor del Pueblo para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por las Cortes Generales. La propia Constitución, en el artículo 54, define al Defensor del Pueblo como "alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales". ¿Qué sentido tiene que un órgano parlamentario para supervisar la actividad de la administración en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos pueda impugnar los actos normativos del órgano que lo crea? La incoherencia entre la naturaleza del órgano Defensor del Pueblo y la atribución al mismo de la legitimidad para interponer el recurso de inconstitucionalidad salta a la vista.

Pero así está en la Constitución y en la ley orgánica 3/1981. Además, aunque hubo intentos de interpretar restrictivamente dicha legitimidad para interponer el recurso, limitándola a aquellas normas que afectaran a los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, dicha interpretación no fue aceptada y el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado que el Defensor del Pueblo puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra cualquier ley, independientemente de cuál sea su contenido.

Nada se puede objetar, por tanto, desde la legalidad vigente a la decisión del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica mediante la cual se ha reformado el Estatuto de autonomía para Catalunya. El Tribunal Constitucional no puede sino admitir a trámite el recurso, como ha hecho, y, tras la tramitación oportuna, darle respuesta mediante sentencia.

¿TIENEsentido, entonces, que las Cortes Generales debatan la propuesta de destitución del Defensor del pueblo presentada por Iniciativa per Catalunya-Verds o debió no admitirse a trámite por la Mesa del Congreso?

En mi opinión, tiene sentido. Más todavía. Las Cortes Generales no solo pueden sino que deben debatir la iniciativa y, tras el debate, decidir lo que estimen pertinente, aun sabiendo de antemano que ni se puede impedir que la tramitación del recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo siga su curso, ni tampoco se va a conseguir la destitución de Enrique Múgica, ya que para ello se necesita la mayoría de tres quintos en ambas Cámaras, y tal mayoría no es posible sin el concurso del PP.

Pero se debe hacer el debate, porque las Cortes Generales no deben callar ante un recurso como el que ha interpuesto el Defensor del Pueblo contra la reforma del Estatut. No deben callar jurídicamente, haciendo llegar al Tribunal Constitucional las alegaciones que estimen pertinentes ambas Cámaras, pero tampoco políticamente, esto es, expresando qué opinión les merece la forma en que el Defensor del Pueblo ha ejercido la competencia que tiene constitucionalmente atribuida.

Las Cortes Generales son un órgano de naturaleza política. Representan al pueblo español y tienen la obligación de decirle a los ciudadanos a los que representan si el Defensor del Pueblo, por ellas designado, ha hecho un uso correcto o desviado de la competencia que tiene atribuida. Las Cortes Generales tienen que dar explicaciones al Tribunal Constitucional, pero tienen que dárselas también y antes que a nadie al "pueblo español".

Y deberían hacerlo, porque un Estatuto de autonomía del artículo 151 de la Constitución no es una norma cualquiera. Es el resultado de un pacto en el interior del Parlamento de la comunidad autónoma, previamente informado por el Consejo Consultivo de la comunidad, y de un pacto posterior entre el Parlamento de la comunidad y las Cortes Generales, culminado con un referendo. La constitucionalidad de la reforma ha sido examinada con lupa a lo largo de muchos meses por los representantes democráticamente elegidos en la comunidad autónoma y en el Estado. Si hay parlamentarios que, a pesar de esa tramitación parlamentaria tan prolongada y a pesar del resultado del referendo, siguen considerando que el resultado es anticonstitucional, es lógico que acudan al TC.

PERO,¿qué pinta el Defensor del Pueblo en este debate? ¿Qué actividad de la Administración para la defensa de los derechos fundamentales tiene que ser supervisada?. La interposición del recurso de anticonstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo contra la reforma estatutaria catalana es un caso claro de desviación de poder, es decir, de ejercicio de una facultad de la que legalmente se dispone para perseguir fines contrarios a aquellos para los que tal facultad fue concedida. Legalmente, el ejercicio de la competencia es inobjetable. Materialmente, es un ejercicio torticero. Únicamente desde la posición más rabiosamente partidista se puede justificar la conducta de Enrique Múgica respecto de la reforma del Estatuto de Catalunya. Y esto las Cortes Generales deben decírselo al pueblo español.

Con la interposición del recurso, Múgica se ha faltado el respeto a sí mismo. No tiene sentido que se lo mantengamos los demás. Al contrario. Creo que para el prestigio de la institución, y también para el prestigio de las Cortes Generales, es bueno que se le diga al Defensor del Pueblo y a los ciudadanos que estamos ante un caso de desviación de poder.

Catedrático de Derecho Constitucional.