No ha empezado bien la aplicación de la ley de dependencia en Aragón. En lugar de propiciar la participación de asociaciones y sectores afectados, para conseguir el máximo apoyo social en los inicios de esta nueva etapa, el gobierno se descuelga con una iniciativa --crear una sociedad anónima para tasar las dependencias-- difícilmente compatible con el carácter público, equitativo y transparente que debe tener el acceso a prestaciones sociales.

No todos los servicios públicos tienen que estar a cargo de funcionarios y en ocasiones puede ser conveniente crear alguna estructura --instituto, empresa pública...-- que permita dinamizar la gestión, pero la externalización tiene un límite y la tasación de la dependencia lo sobrepasa. Además entre las posibles formulas, el consejero de Servicios Sociales, Miguel Ferrer, ha elegido la de sociedad anónima, la que menos control tiene, la que tiene como objetivo de gestión defender los intereses de los accionistas, es decir, incrementarles el capital. ¿Es aceptable que una empresa obtenga beneficios económicos por hacer evaluaciones sobre el grado de dependencia de los aragoneses? El funcionamiento de la Administración, como el de cualquier organización, es mejorable, pero la mejora no pasa por privatizar todos los nuevos servicios que se vayan a prestar. Aunque algunos políticos no parece que tengan mucho interés en mejorar su funcionamiento, pues con el argumento de la gestión ágil y eficaz, se esta introduciendo una dinámica perversa que pone en cuestión la gestión de lo público, la capacidad de la Administración para desarrollar su trabajo.

En el fondo subyace una ideología que apuesta por lo privado y carente de normas contra de lo público y regulado. Ya entiendo que a estas personas les resulte más gratificante gestionar una SA que un departamento de la DGA, pero como les dejemos actuar pueden convertir la Administración en un grupo de empresas.

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