En la vorágine por definir el futuro mapa energético europeo, en el que tienen protagonismo determinante las empresas españolas, ayer movió pieza, de nuevo, la empresa de servicios Acciona, que anunció su disposición de aumentar su actual dominio del 10% de aciones de Endesa hasta el 30%, si se dan las condiciones favorables que permitirá la futura ley de opas que aprobó el Consejo de Ministros hace una semana.

La propuesta se anticipa a la decisión que aún no ha tomado la Comisión Nacional de Energía (CNE), que debe autorizar la inversión de la constructora madrileña en el capital de Endesa. Pero es suficiente para confirmar que en menos de un año todas las leyes proteccionistas españolas para controlar la propiedad de las empresas de energía han quedado para el arrastre. Estos hechos han puesto en evidencia que no existía un modelo de integración energética de los quince países más desarrollados de la UE que siguiera la estela que marcó la integración monetaria. La opción que se manejaba desde Bruselas quedó interrumpida hace un par de años cuando la alemana E.ON (la pretendiente de Endesa a la que ha hecho frente Acciona) pactó con Gazprom el suministro de combustible ruso. Fue una decisión trascendental de la que aún no se conocen del todo sus efectos. La cumbre europea que se celebra este fin de semana en Finlandia pretende sentar las bases de la nueva relación energética de la UE con Rusia.