Uno de los grandes pilares del Estado del Bienestar es la asistencia social a los ciudadanos. Nadie, por pocos recursos económicos que tenga, debería quedarse sin una atención digna y sanitaria. El proyecto de Ley de Dependencia debe atender los dos factores necesarios, los sanitarios y los sociales y para que la ley sea realmente eficaz se han de unir en un mismo eje administrativo institucional, de esta manera se coordinan mejor todas las características del ciudadano y sus carencias reales. Por su repercusión social, sin duda, es una de las leyes más importantes, con lo cual, el Gobierno y las Autonomías no han de escatimar esfuerzos en llevarla a cabo, incluso mejorarla, adaptándola a las necesidades de cada región. Poner en marcha este engranaje puede ser costoso, sólo ya el necesario personal cualificado más todas las infraestructuras podrían dilatarse más de lo deseado, si además se paran a decidir quién tasaría el grado de dependencia, cuando los protocolos hace ya muchos años que funcionan institucionalmente, mal empezamos. El consejero Ferrer tiene un gran reto por delante y no debería distraerse en planes que la Ley ya define explícitamente. Hay que ir al grano.Pintora y profesora de C.F.