En sólo cinco años, España se ha convertido en uno de los destinos preferentes de la Unión Europea para inmigrantes procedentes del Magreb y del África subsahariana, de los países del Este europeo y de naciones deficientes de Centro América. Los inmigrantes vienen por tres alicientes principales: el empleo, el acceso a los bienes y servicios propios del Estado de bienestar y la relativa facilidad para obtener un permiso de residencia porque la entrada clandestina es fácil y basta con resistir.

Los inmigrantes que recibimos se sitúan en la escala de entre los 20 y los 40 años. Sobre ellos hay dos afirmaciones desmentidas por la estadística: ni trabajan más que los españoles ni tienen mayor nivel formativo. Las tasas de ocupación son similares y los niveles educativos, sobre todo en el caso de los inmigrantes africanos, son claramente inferiores. Como fuerza de trabajo flexible y barata, la inmigración beneficia a los empresarios pero sobrecarga de forma creciente el sistema público.

Los españoles percibimos que somos los contribuyentes quienes soportamos económicamente el enriquecimiento de determinados sectores empresariales que usan intensivamente mano de obra inmigrante. Y además, sufrimos el deterioro progresivo de nuestros servicios asistenciales. Por eso, la inmigración se ha convertido en el problema. Porque no le hemos dado una respuesta política coherente y porque el estado general de improvisación en que vivimos no ha facilitado una adaptación social eficiente.

Periodista