Si quieren llevar el asunto a buen puerto, el Gobierno central y el de Aragón deberán empezar desde el principio a negociar las transferencias de Justicia, porque lo que les separa es nada menos que 18 millones de euros. Después de muchos meses de parón, forzado por el desencuentro, se acaban de reanudar las conversaciones en Madrid ante la general expectación de jueces y magistrados aragoneses que piden una solución inmediata. El juez decano ha situado el volumen de trabajo en un 6,5 sobre diez y dice que es imprescindible alcanzar el 8 para llevar a cabo una justicia adecuada y que dejen de sufrir los profesionales y los ciudadanos.