Desgranaba mi buen amigo Laureano en la contraportada de este diario rotundas razones por las cuales el derrumbe en el Seminario era, cuando menos, predecible. Y no es el único. Más de una voz autorizada había advertido ya de los riesgos, argumentando consideraciones similares. Previsiones ciertas que no debieron de hacer mella en la voluntad de los que llevaron a cabo un trueque que, a todas luces, se adivina falaz.

El gobierno municipal del Partido Popular no puso objeciones a la operación que culminó con la adquisición por parte del municipio de un edificio ruinoso, y la recalificación de unos terrenos propiedad del Arzobispado, en los cuales se iban a levantar hasta 350 viviendas libres. Tampoco la institución eclesiástica tuvo empacho en adjudicarse unas golosas plusvalías a cambio de un edificio del que se preveían notables mermas estructurales. Cabría la reflexión sobre el entusiasta afán con el que los representantes de la curia arzobispal se sumaron a la especulación del suelo, como si fueran una administración pública o un club de fútbol cualquiera. Pero esto podría ser materia para otro artículo. Ninguno de los actores de este acuerdo valoró el estado de un edificio, por cierto, al igual que el Teatro Fleta, catalogado, y a decir de testigos y técnicos, amenazado de ruina.

Los autores de esta operación deben asumir las responsabilidades que se derivan del derrumbamiento parcial del Seminario. Las veladas advertencias que desgranó el Teniente de Alcalde de Urbanismo sobre los vicios en la adquisición y las consecuencias jurídicas que de ellos se deriven deben de ser llevadas hasta el final. Y los responsables del Partido Popular que llevaron a cabo esta operación y que hoy se sientan todavía en los bancos municipales, deben asumir sus responsabilidades políticas en este asunto.

Pero no son los únicos. En un artículo reciente, el concejal de Equipamientos, Arquitectura y Planes Integrales, Agustín Martín, (Dios, qué buen vasallo, si hubiere buen señor) terminaba aquí la historia. Porque, si esos defectos eran previsibles en la adquisición, no lo eran menos en la proyección posterior del edificio, que a todas luces exigía un profundo estudio sobre el estado real de sus estructuras arquitectónicas. Pero no fue la seguridad sino la precipitación la que presidió el proyecto diseñado desde la Gerencia de Urbanismo. La celeridad fue el criterio escogido para la adjudicación de las obras, con un coste añadido de quinientos millones de las antiguas pesetas para las sufridas arcas del municipio zaragozano, con la finalidad de quemar rápidamente unos plazos que posteriormente no pudieron ser cumplidos.

Un apresuramiento que no estaba en función de las necesidades de la ciudad de contar con un nuevo centro administrativo, ni de las legítimas reivindicaciones de los funcionarios de Urbanismo de disponer de un espacio de trabajo digno, sino del inicio de las obras del proyecto estrella de la Concejalía, el nuevo estadio de fútbol. Por cierto, que quizá la próxima asunción de las competencias de Justicia y el traslado de los juzgados pudo haber posibilitado un espacio más adecuado...

El resultado de todo esto es bien conocido: las debilidades en la estructura, de las que nadie había querido tomar conciencia, provocaron un derrumbamiento que afectó gravemente a un edificio de alto valor patrimonial, puso en grave riesgo la vida de los trabajadores y exige de las cuentas municipales otros seiscientos millones de pesetas, que habrán de salir de una modificación de crédito a las que es tan asiduo el señor Catalá. Más las responsabilidades jurídicas que alguien deberá de asumir por permitir que los trabajadores atravesasen cotidianamente una zona, que además constituía su lugar habitual de almuerzo, cuando existía un informe que advertía del peligro de derrumbamiento once días antes del mismo.

Lo cierto es que hasta ahora nadie ha querido hacer un ejercicio de responsabilidad. La pelota ha ido desde el tejado del gobierno municipal hasta el de la oposición de derechas sin que haya querido asumir ni errores ni consecuencias. Propio de gestores competentes es la asunción de responsabilidades, porque los ciudadanos tienen derecho a las explicaciones pertinentes y a las acciones que se deriven de ellas. Pero mientras tanto, los responsables de uno y otro lado corean la vieja tonadilla infantil: "Pío, pío, que yo no he sido".

Coordinador de IU Zaragoza