El PSOE intentó ayer justificar la nueva prórroga en el periodo de enmiendas al Estatuto de Aragón en el Congreso bajo la premisa de buscar el más amplio consenso posible. Según el portavoz López Garrido, será en febrero cuando la ponencia parlamentaria analice el texto y lo dé por bueno. Dado el alto grado de consenso con el salió de las Cortes de Aragón, con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos Chunta, no tendría por qué haberse llegado a esta situación. Salvo que realmente corra peligro el artículo referente al blindaje del Ebro, con la ya famosa cifra de los 6.550 hectómetros públicos de caudales de reserva introducida por el PP y refrendada por los socialistas. Y cualquier merma que no viniera acompañada de evidentes mejoras del texto no debería ser asumida por los parlamentarios. Aragón no debe permitir un Estatuto recortado después de que otras regiones impusieran sus tesis con aparente facilidad.