Un traslado no puede paralizar o entorpecer la administración, y menos la Justicia, plagada de plazos y formalismos como muy pocos servicios públicos. Es lo que denuncia Cristóbal Ramo, letrado que tuvo la mala suerte de tener que presentar un escrito en un juzgado de los social el día que se producía el traslado al edificio Gay de la calle Alfonso. Parece mentira que en pleno siglo XXI, y con los avances tecnológicos existentes, la Justicia camine todavía con rudimentos para meros papeleos que podrían beneficiarse de Internet. Resulta inaceptable que Aragón deba asumir en estas condiciones el traspaso de la competencia.
