Da la sensación de que al Departamento de Servicios Sociales de la DGA se le ha atragantado la Ley de la Dependencia, porque diez meses después de su puesta en marcha el programa de valoraciones lleva un retraso considerable. Para poder agilizar los trámites y avanzar, al menos, la valoración de los grandes dependientes, la consejera Ana Fernández ha decidido saltarse los escollos burocráticos. El problema es general en la práctica totalidad de las comunidades que dependen de acuerdos con el Gobierno central, pero eso no es ningún consuelo. La ley ha generado unas expectativas en las familias afectadas que no se cumplen.
