La administración de Justicia en España está en el ojo del huracán. Esa zona de calma más o menos aparente rodeada por la energía de los vientos poderosos. Los ciudadanos, según las recientes encuestas del gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas, la califican de forma muy negativa y señalan su disfuncionalidad y baja calidad de servicio. ¿Es todo culpa de los jueces? No creo. En la medida en que los medios y las políticas no dependen de ellos sino del Estado o de las comunidades autónomas.
El presunto asesinato de una niña a manos de un pedófilo que hubiera debido estar en la cárcel, es sólo la punta del iceberg de una situación límite. En el caso de ese delincuente está en España hoy muchísima gente. Unas 1.700.000 ejecuciones de sentencia están retrasadas. No sólo por culpa del juez, obviamente, sino por los defectos estructurales y funcionales de un modelo decimonónico y de una maquinaria colapsada por la inadecuación de las herramientas con las que cuenta.
Dejando las personas aparte, la justicia española necesita, sobre todo, una profunda, serena e inaplazable reforma. No se trata sólo de endurecer el régimen disciplinario. El problema es más amplio. Necesita un estudio donde se analice, diagnostique y proponga, sin pasión y con realismo, qué hacer, en qué orden de prioridad y con qué medios. En este mundo globalizado, cada día más, se define a los países avanzados por el buen funcionamiento de su administración pública. Y de su sistema judicial.
Periodista
