Si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no lo remedia, el juez Baltasar Garzón será juzgado por prevaricación, delito por el que puede ser condenado a entre 12 y 20 años de inhabilitación, lo que, en otras palabras, significaría acabar con su carrera judicial. El magistrado del Supremo Luciano Varela, enfrentado desde hace tiempo con Garzón, acusa al juez de la Audiencia Nacional de prevaricar por abrir un proceso penal para la exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo y cargar los gastos al Estado, y también por investigar estos crímenes. Sería una cruel ironía que el juez que ordenó la detención de Pinochet y que ha instruido causas de crímenes contra la humanidad que afectan a varios estados fuera expulsado de la judicatura cuando se decide a indagar sobre la represión en su propio país, una de las carencias que le reprochaban en el extranjero quienes se oponían a sus investigaciones. En un auto que se parece más a una sentencia condenatoria, Varela convierte un debate jurídico y político en una condena contra Garzón. Para mayor escarnio, son dos formaciones ultraderechistas, una de ellas Falange, las que presentaron la querella.
