Francia ha aprobado el proyecto de reforma de las pensiones, que aumenta a 62 años la edad de jubilación desde los 60 actuales, un tope de los más bajos de Europa establecido en la presidencia de François Mitterrand. Lo que no está justificado es que Sarkozy haya presentado la sucesión de escándalos que sacuden a su Gobierno como una campaña orquestada para tumbar las reformas. La única conexión real es que el ministro de Trabajo, Éric Woerth, acusado de financiación ilegal del partido de la derecha, la UMP, es el encargado de imponer la reforma de la jubilación. Cumpliendo el deseo de Sarkozy, Woerth anunció el martes que abandonaba su cargo de tesorero de la UMP, en virtud del cual está implicado en el ingreso de 150.000 euros --el límite legal son 7.500-- para la campaña electoral del presidente, procedentes de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt. Sarkozy se equivoca si cree que la dimisión de Woerth va a enterrar el caso. No admite ninguna falta de Woerth, a quien el lunes defendió en una entrevista televisiva en la que solo actuó a la defensiva. El desgaste del poder ha llevado a Sarkozy a renunciar al ataque, su táctica favorita. ¡Quién se lo iba a decir hace tres años!
