No parece muy casual la fecha elegida por el ministro de Fomento, José Blanco para anunciar los recortes en infraestructuras, solo un día antes de que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos diera a conocer los resultados de las pruebas de estrés del sistema financiero español. El Gobierno de España tiene claro, desde el engaño griego, que su principal objetivo es generar confianza en los mercados a través de la reducción del déficit y del saneamiento del sistema financiero. De ahí el rigorismo de Blanco, al que le hubiera gustado no tener que pasar por este trance, empeñado como estaba en una crisis de gobierno que lo colocara como vicepresidente primero del Gobierno en detrimento de Teresa Fernández de la Vega y dejando la patata caliente de Fomento en manos de un advenedizo. Sea como fuere, el ajuste en obras públicas ensancha el camino iniciado hace solo unas semanas con el decretazo de la reforma laboral, con la bajada de sueldos a los funcionarios o con la prohibición de endeudamiento a las corporaciones locales. Y seguramente habrá más. Los presupuestos generales del Estado para el 2011, a presentar en septiembre, serán para echarse a temblar, y para analizar con lupa. Es seguro que amén de los 18 contratos suspendidos desde Fomento, por un importe de 926 millones, y el replanteamiento de otros 199, por 8.700 millones, se produzca una importante caída en otros departamentos inversores, como Agricultura y Medio Ambiente o Vivienda.

ADEMÁS DE REDUCIR el déficit fiscal, el recorte, que constata el giro de 180 grados del Gobierno de Rodríguez Zapatero tras una primera etapa de combate de la crisis a través del estímulo de la actividad pública, supondrá un respiro al sistema financiero español. No hay que olvidar que cajas y bancos han necesitado, y necesitan, una importante inyección de capital, público o privado, fijado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 22.000 millones si se diera un escenario de empeoramiento socioeconómico y de bajada del PIB, que lógicamente sería menor con un panorama normalizado. Y El Estado ha tenido que hacer frente a esas cantidades desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, (11.000 millones hasta la fecha), y el Fondo de Garantía de Depósitos (casi 3.800 millones), que no anularán nuevas aportaciones extraordinarias tras constatar las pruebas de estrés que hay entidades financieras necesitadas de una mayor inyección económica. A pesar de sacar buena nota general en el examen presentado ayer por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre todo por el aprobado del Banco Santander, el BBVA y La Caixa, que agrupan casi dos tercios del sector, existen cajas que ni siquiera con las fórmulas de fusión fría han conseguido los ratios exigibles y que por lo tanto precisan más aportaciones.

No deja de ser chocante que PSOE y PP se pongan de acuerdo para las dotaciones del FROB, del Fondo de Garantía o incluso para la reforma de la ley de cajas, muy al gusto, eso sí, de las propias entidades, y que ahora se tiren los trastos a la cabeza por el recorte en infraestructuras. Es chusco que el PP pacte una reordenación jurídica y económica del sector, lo que podríamos denominar la macropolítica financiera, y al mismo tiempo critique los recortes que permitirán capitalizar las nuevas necesidades surgidas de ese mismo acuerdo. Acaso por eso, y sin que sirva de precedente, el presidente de los populares, Mariano Rajoy, ha cedido en esta ocasión el ariete de la crítica a segundos espadas y, sobre todo, a sus barones autonómicos. Y aquí, ni eso, pues Luisa Fernanda Rudi ha pasado el testigo a su portavoz para estados carenciales, Eloy Suárez. El aspecto verdaderamente triste del recorte en potentes infraestructuras radica en la paradoja que supone que hace solo un año, los ayuntamientos estuvieran invirtiendo, a veces en chorradas, un dinero transferido por el Estado que debe negarse ahora a las grandes obras que necesita el país. Ahí es donde la crítica de la oposición debería ser más acerada.

Ahora queda por ver si la poda de Blanco consigue el efecto deseado, porque siendo cierto que supone un ahorro directo al Estado, no lo es menos que a medio plazo tendrá efectos perjudiciales para las arcas públicas en forma de merma de impuestos, cotizaciones sociales y costes de desempleo. El impacto será letal. Los agentes sociales ya han calculado que la paralización de obras públicas, destruirá entre 75.000 y 115.000 empleos, puestos ocupados tanto por trabajadores especializados como por operarios sin apenas cualificación y sujetos a temporalidad, entre ellos un buen número de inmigrantes que vinieron al país en época de vacas gordas para ofrecer un nuevo torrente de fuerza bruta de trabajo. Como señaló a este periódico el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, Antonio Ballarín, el tijeretazo deja un horizonte de dos o tres años muy complicados, con cierres, fusiones y agrupaciones de empresas del sector para sobrevivir a una durísima contracción

Y es que la comunidad ha sido una de las más perjudicadas por el drástico recorte. En primer lugar, por el gran número de obras en marcha, y en segundo porque volvemos a comprobar cómo las cuestiones de la región son analizadas con distancia desde los despachos de Madrid. Tras una década prodigiosa en inversión (llegada del AVE, autovía mudéjar, Expo y cinturones en Zaragoza), los nubarrones vuelven a extenderse. Todo sea por el saneamiento del sistema y por la generación de confianza, aunque a algunos no nos parezca la mejor fórmula.