Las organizaciones que combaten los efectos de la pobreza advierten de que la situación se está deteriorando con demasiada rapidez. Esta circunstancia dificulta objetivamente sus esfuerzos en su lucha contra la exclusión social y las tragedias humanas que alientan detrás de la imparable depauperización de muchas personas. Los datos son escalofriantes: el 20% de la población aragonesa está en grave riesgo de caer en la pobreza extrema, Cáritas ha tenido que atender el doble de casos, los usuarios de refugios municipales se han triplicado. Personas que jamás habían necesitado asistencia de ningún tipo la demandan ahora como consecuencia de la crisis. Al mismo tiempo, las administraciones están recortando la cuantía de los programas sociales.

¿Cómo solucionar esta situación? El sentido común induce a pensar que llevan razón quienes creen que para obtener fondos hace falta una reforma impositiva que afecte a las grandes fortunas, persevere en la represión del fraude fiscal y se oponga a la economía sumergida. En cambio, el análisis del estado de las finanzas públicas lleva a otros muchos a pensar que la primera obligación de cualquier Gobierno es controlar el déficit y enviar a los mercados un mensaje de confianza.

Como, hasta la fecha, ninguna receta se ha manifestado totalmente adecuada para superar la crisis y evitar una sociedad dual, seguramente solo una fórmula intermedia puede atacar el problema. Una combinación de medidas fiscales y austeridad presupuestaria es verosímil y deseable. Frente a quienes analizan la situación con una terrible frialdad ante la desgracia ajena, la solidaridad o al menos la compasión emergen como respuestas imprescindibles. Porque una sociedad equilibrada donde existan mecanismos para paliar y atajar la pobreza es una sociedad más segura, más estable y capaz de ofrecer a todos mayor calidad de vida.

En Aragón, los últimos años han presenciado un incremento de las inversiones sociales que sería injusto olvidar. Se incrementaron las partidas destinadas a la atención de discapacitados o dependientes. Es imprescindible mantener y ampliar esa actividad, en la cual las instituciones públicas (sobre todo la Consejería de Asuntos Sociales y el IASS) trabajan codo a codo con las organizaciones asistenciales que operan en los diversos sectores. Retroceder sobre lo ya logrado o frenar en seco todo avance sería inaceptable. Por eso hay que encontrar salidas, buscando nuevos ingresos y señalando el gasto social como una prioridad para las arcas públicas.