La puesta en marcha de un Tribunal o Cámara de Cuentas en esta Comunidad viene siendo un proceso complejo y lleno de recelos, equívocos y malentendidos (o cualquiera sabe qué). Para empezar se dijo a los responsables de la nueva entidad (destinada a auditar las cuentas públicas de las instituciones aragonesas) que podían poner en marcha algo similar a lo que ya existe en otras doce autonomías. Así que los interfectos se lanzaron a proponer una plantilla homologable, con sesenta funcionarios y una estructura capaz de pasar y repasar la contabilidad del Gobierno regional, de sus innumerables organismos y sociedades, de las diputaciones, las comarcas y los ayuntamientos. Pero entonces los partidos, la ciudadanía y el que suscribe nos llevamos las manos a la cabeza. Qué barbaridad, qué gasto, qué lío. En este plan, dijo mi colega Lola Ester, que sigan el trinque y los mamoneos (donde los haya) porque nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad.

Ahora, por lo que sé, hay acuerdo sobre el dinero que se destinará a la futura Cámara de Cuentas (no más de 2.800.000 euros), pero existen diferencias respecto a cómo debe organizarse ésta y hasta dónde alcanzarán sus cometidos. Más o menos, los tres hombres buenos encargados de poner en marcha la entidad auditora quieren dedicar toda la pasta a contratar personal destinado a investigar cómo gastan por ahí la ídem, pero otros próceres que intervienen en el asunto querrían algo más bonito, etéreo y protocolario, y menos... borde (por decirlo de algún modo).

Tengo para mí que el ente fiscalizador (que ya viene con mucho retraso) será bueno porque su sola existencia tendrá efectos disuasorios. Podrá imponer un mínimo de orden contable y de transparencia, además de acotar las maniobras mediante las cuales algunos y jefecillos trampean, disimulan la deuda real (pasándola a sociedades públicas) o enmascaran sus despilfarros. Claro que si la Cámara no es lo que debería ser, tiene una organización interna inadecuada o bien debe ceñirse a un reglamento alicorto, entonces no estaremos haciendo nada (salvo tirar por la borda otros 2.800.000 euros). A ver qué pasa pues.