La introducción definitiva de los genéricos en el recetario de los médicos de la sanidad pública ha logrado reducir la factura farmacéutica de la Seguridad Social. El gasto en medicinas del sistema sanitario ha perdido peso en las dos últimas legislaturas --ha pasado de ser el 24,2% del gasto total en el 2003 al 19% del 2009-- gracias a que el ministerio consiguió vencer la resistencia de sus facultativos a prescribir esos fármacos. El siguiente paso, que está a punto de entrar en vigor, es que receten el principio activo para que luego el farmacéutico dispense el producto --genérico o específico-- más barato del mercado. En Aragón, el Gobierno de Marcelino Iglesias ya tomó la decisión de obligar a los médicos a recetar algunos genéricos como fórmula de ahorro.

El Gobierno --los gobiernos, porque este proceso empezó tras la victoria del PSOE en 1982-- ha tardado mucho tiempo en bajar la factura precisamente porque donde más problemas han encontrado es en su propia casa. De hecho, aún los tiene: mientras el gasto medio por receta ha bajado un 10% en el último año, el número de recetas ha subido el 2,44%. Elena Salgado como titular de Sanidad fue una auténtica pesadilla para los laboratorios, a los que apretó las tuercas para que redujeran precios, un afán que ellos no acababan de entender. Los medicamentos son mucho más baratos que en el resto de Europa. Por eso durante años se han producido las exportaciones paralelas que desabastecían las farmacias españolas de los productos con más demanda en Alemania, por ejemplo. Si el Gobierno introdujera el copago debería olvidarse del modelo alemán porque los pacientes de este país pagan el 10% de los medicamentos, con un mínimo de cinco euros, mientras que en España los productos más comunes --paracetamol, 0,86 euros; omeprazol, 1,5; ibuprofeno, 1,98-- están por debajo de ese mínimo. Debería optar, en todo caso, por otro más sensato y, por supuesto, que tuviera en cuenta las rentas.

La presión sobre laboratorios, distribuidores y farmacéuticos se ha materializado en 16 cambios legales en los 10 últimos años. Han bajado los precios, pero habrá consecuencias, no solo con el cierre de empresas y de oficinas de farmacia. Existe un riesgo real de que distribuidores y farmacias caigan en manos de grupos potentes conocedores de otros modelos de distribución, como el americano, con volúmenes suficientes para echar un pulso al Gobierno.