Hay en Aragón numerosas entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que realizan una importantísima y no siempre bien ponderada labor de atención a sectores de la población que, por distintos motivos, están en claro riesgo de exclusión. Uno de estos colectivos es el formado por las personas que apenas tiene cualificación y, por tanto, tiene notables dificultades para ingresar en el mercado laboral, problemas que se han acentuado en los últimos años a raíz de la crisis. Actualmente, por ejemplo, el desempleo juvenil afecta en Aragón a un 44% de los menores de 24 años, porcentaje que aumenta en el sector de los jóvenes sin cualificar hasta el 64%.

Estas personas necesitan de ayuda para poder obtener una mínima formación que contribuya a aumentar sus oportunidades de acceso al empleo. Es un colectivo es muy heterogéneo y, precisamente debido a la crisis, en claro crecimiento: jóvenes que no han completado la enseñanza obligatoria reglada, inmigrantes de todas las edades que necesitan manejarse con el idioma para obtener unos mínimos conocimientos profesionales --o simplemente para sacarse el carnet de conducir--, personas de edad más avanzada que no pudieron estudiar en su día o que no tienen la cualificación profesional necesaria.

10.600 de estas personas reciben formación y atención de la mano de estas entidades de iniciativa social mencionadas que, con más de 700 educadores, llegan hasta donde la Administración no puede o llegar y ofrecen, además, servicios complementarios de clara intervención social, como guarderías, talleres o intercambios de experiencias.

En los últimos años, estas entidades han dado la batalla para conseguir de la Administración algo más que un régimen de ayudas. Han reclamado, sin éxito, un modelo de gestión más estable para poder planificar sus actuaciones sin la espada de Damocles de las subvenciones anuales, siempre sujetas a la "disponibilidad presupuestaria". En estos últimos años, esa menor "disponibilidad" ha supuesto una bajada del 8% en 2010 y ha continuado con un 15% en este ejercicio del 2011.

Chunta Aragonesista ha defendido recientemente en las Cortes la fórmula jurídica del concierto para estas entidades. La consejera Dolores Serrat se ha opuesto a esta posibilidad, volviendo a defender fundamentalmente la receta de la subvención. La consejera, sin embargo, sí está por la labor de nuevas concertaciones en el bachillerato con la escuela privada, algo en lo que, por cierto, estamos completamente en desacuerdo, por las consecuencias nefastas que tendría para la educación pública.

Pero la pregunta ahora es: ¿por qué puede haber conciertos para la escuela privada y no para dar solución a la gestión de la educación permanente? El dinero, o la inversión, en la educación permanente no son el problema (los recortes en los dos últimos años han ascendido a 86.250 euros, una cifra claramente asumible, a nuestro juicio). Lo que realmente pasa es que, con la fórmula de la subvención y la excusa de la escasez de recursos, el Gobierno consigue una dependencia mayor de estas entidades, y, por lo tanto, mayor lealtad a su discrecionalidad al no permitir la estabilidad en su gestión.

También algunos convenios existentes con varias de estas entidades han desaparecido, lo que aumenta la incertidumbre. Y la situación en las comarcas y ayuntamientos, que también ofertan una parte sustancial de la educación permanente, no es mucho mejor. Ha habido dificultades para el inicio del curso, pues han tenido que contratar profesorado sin saber exactamente con el presupuesto que contaban. Y es que, para el curso que comenzaba en septiembre, se aprobaron las cantidades destinadas a estos convenios con estas administraciones locales en el último Consejo de Gobierno del mes de noviembre.

La educación es sustancial en una sociedad, como la actual, llena de dificultades económicas y con un modelo productivo periclitado. Y en este momento la educación permanente y de personas adultas cobra una relevancia predominante. A pesar de que no es una educación obligatoria, es un deber de la administración su asunción, casi por motivos de conciencia social, ya que posiblemente es la última oportunidad de integración social y laboral para muchos aragoneses y aragonesas. Diputado portavoz de Educación en las Cortes