La viabilidad de Arcosur y el mantenimiento de los plazos para cumplir con los servicios mínimos que deben acoger a las familias que ya empezarán a vivir el próximo julio ha supuesto un encaje de bolillos de las dos administraciones implicadas, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. El mecanismo que permitiría no tener que modificar el Plan General de Ordenación Urbana para aumentar 1.500 viviendas sin que lleve aparejado el incremento de equipamientos se recogería en la nueva Ley de Urbanismo de Aragón. Hoy se debate en el municipio.