La ruidosa ley de educación que prepara el ministro José Ignacio Wert invoca dos motivos para justificarse: el fracaso escolar existente y la mejora de la calidad. Si lo prioritario fuera el fracaso escolar, habría que preocuparse sobre todo de los que van mal; si la razón fuera mejorar la calidad, el acento habría que ponerlo en los que van bien, para hacerlos más competitivos. No son objetivos fáciles de casar en tiempo de escasez, pero tampoco importa porque cada día aparece más evidente que la razón verdadera es doctrinaria.
NO SON LOS ALUMNOS lo que importa sino principios ideológicos conservadores resguardados tras la consigna "libertad de enseñanza". Esa fue la bandera que los propietarios de los colegios privados, mayoritariamente de la Iglesia católica, enarbolaron durante el debate constitucional. El artículo 27 recoge ese principio junto a otro, de orientación ideológica opuesta, "el derecho a la educación", que plantea la obligación del Estado a proporcionar una enseñanza general y gratuita. Aunque los dos principios se avienen mal, la Constitución ofrece un marco de convivencia teórica que no ha encontrado una fórmula de consenso.
En asuntos de enseñanza, el Partido Popular ha ido a rebufo de la Iglesia católica. Ahora bien, que la Iglesia católica desfile tras la pancarta de "la libertad de enseñanza" tiene su gracia porque la libertad de enseñanza fue perseguida sin contemplaciones por la misma iglesia cuando ella tenía el monopolio de la educación. Y algo de esa intransigencia sigue vigente en la interpretación que dan los obispos españoles del susodicho principio. Lo que tras él se esconde es, en primer lugar, el derecho a recibir ayuda pública, algo que han conseguido y generosamente gracias a la figura del centro concertado. Pero no les basta con eso. Quieren que se respete su forma de educar: no que se les respete a ellos, algo que tienen asegurado por ley (la Lode), sino que el sistema educativo en su conjunto respete sus valores educativos. Ese respeto exigido se expresa en dos temas: la clase de Religión y la formación en valores acorde con la visión católica del mundo.
Hay que decir que en lo que respeta a la clase de religión han tenido éxito: todos los centros deben ofrecerla; los obispos imponen los libros de textos, auténticos catecismos; y los profesores son nombrados por la Iglesia, aunque les paga el Estado. Pero la jerarquía católica no está contenta: quiere que la Religión tenga el rango de las Matemáticas y eso que hasta ahora no ha conseguido, ni con el PP, puede estar al caer. Sería la gran novedad.
De momento, la Religión no va a tener que competir con una alternativa golosa para los chicos, como ese "tiempo de estudio" que aprovechaban en la biblioteca, sino con una materia exigente como puede ser formación en valores, con el inconveniente de que en un mismo centro y en clases contiguas se estén formando en valores opuestos. Pasaríamos de "libertad de cátedra" al "mandato del aula".
El otro tema al que los defensores de la "libertad de enseñanza" no quieren renunciar es a que todos los alumnos, y no solo los suyos, eviten los peligros de una formación laica. Como los peligros, son plurales también las exigencias católicas. Por de pronto, no penalizar a la hora de las subvenciones colegios que discriminen por sexos, algo que ya está en la agenda del ministro. La bestia negra del PP y de la Iglesia es, sin embargo, la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ya sabemos que será sacrificada y sustituida por una formación ciudadana que explique, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad o un vicio.
EVIDENTEMENTE esta ley no va a traer paz alguna. Si el Partido Popular se arriesga a tanto es porque pesa en él la doctrina católica. Deberían pensárselo dos veces porque Rajoy y Rouco pueden coincidir en la defensa de la escuela privada, en el fomento de la clase de Religión o en la animadversión a la laicidad. Pero hay un punto en el que el PP no puede coincidir so pena de suicidio: monseñor Rouco no acepta la legitimidad del Estado en temas de enseñanza. Lo tiene escrito y explicado con un silogismo escolástico. Dice el prelado gallego: la enseñanza es un derecho natural que compete a la familia; ahora bien, como el intérprete del derecho natural es la iglesia, es la iglesia la que tiene que hacerse cargo de derecho a la educación. Esto lo dejó escrito en tres folios, siendo entonces un discreto experto de la Conferencia Episcopal, allá por 1984, cuando el ministro Maravall negociaba con el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, a la sazón presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Luego ha cambiado el tono, pero no las convicciones. Rouco y Wert se necesitan pero el cardenal puede arruinar al ministro.
