El Gobierno de Aragón abordó el 2013 con un relato institucional bienintencionado que en un lapso de apenas tres meses ha quedado al descubierto, como pronosticamos en este mismo espacio. En su discurso de comienzo de año, la presidenta Luisa Fernanda Rudi defendió que la solvencia y la estabilidad política y financiera de la comunidad autónoma permitirían una recuperación más rápida y más sólida que otros territorios del Estado entrampados. Al ofrecer Aragón un espacio de garantías, siendo una de las pocas comunidades que no solicitó el rescate autonómico y que cumpliría, como así fue, los objetivos de déficit marcados por Hacienda, la líder popular vaticinó que los inversores, presentes y futuros, se sentirían reconfortados o llamados a apostar por Aragón. Pues nada de eso ha ocurrido, más bien al contrario.

El primer ejemplo se encuentra en Calatayud. A los propietarios de Kimberly Clark no les ha importado lo más mínimo el espacio de seguridad económica y jurídica que ofrece Aragón como consecuencia de una solvencia mayor que otras regiones españolas. En su plan de negocio, la fábrica aragonesa no encaja y será clausurada en mayo, mandando al desempleo a cerca de 250 personas. El anuncio de un call center en una nave municipal que fue ocupada sin éxito por otra firma similar es claramente insuficiente, apenas una cortina de humo para ganar tiempo y que, de salir adelante, dependerá más de las gestiones del alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, que de la labor de las cada vez más aturdidas consejerías de Industria o de Economía.

Tampoco a los máximos responsables de General Motors en Europa parece conmoverles lo más mínimo el Aragón ideal dibujado por la presidenta y por su equipo. La compañía automovilística ha condicionado la asignación de nuevos modelos para Figueruelas a la aceptación en tiempo récord por parte de la plantilla de un convenio laboral leonino para los los próximos años. La plataforma esgrimida por la empresa es leonina, con un endurecimiento de condiciones que dan carta de naturaleza a un empobrecimiento súbito de la plantilla: congelación salarial de tres años extensible a cinco si Opel Europa no obtiene beneficios, eliminación de uno de los descansos de diez minutos por turno, suspensión del equipo de noche, reducción de beneficios sociales, modificación a la baja de las condiciones laborales para los nuevos contratados...

Esta es la manera de entender la competitividad que muestran los nuevos gestores de General Motors para Europa, y a la que aludió el vicepresidente de la compañía para Europa, Stephen Girsky, en una reciente visita a Figueruelas. El alto ejecutivo reconoció que la productividad de la planta había crecido un 25% en solo dos años, y vaticinó un buen futuro si mantenía ese tono, solo que no explicó que para conseguirlo plantearía semejante hachazo sin comprometer claramente inversiones a cambio. Debería recordar Rudi que cuando hace unos años el futuro de Opel se nubló con la posible venta de la división europea de GM a un consorcio liderado por Magna, Aragón puso sobre la mesa un aval de 200 millones de euros que, siendo muy valorado por los dirigentes compañía, hubiera sido totalmente insuficiente o residual de fraguar la operación.

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto que el saneamiento extra emprendido por Aragón respecto del resto de comunidades no parece mover lo más mínimo las posiciones de los inversores. Sin ir más lejos, hay comunidades como la vecina Navarra que están peor que nunca a pesar de su ventajoso régimen foral y, sin embargo, obtienen inversiones. Es el caso de Volkswagen, que está realizando un importantísimo esfuerzo modernizador en su planta junto a Pamplona con un desembolso de casi 800 millones en cinco años que para sí quisieran los empleados de Opel en Figueruelas. Eso sí es futuro.

Donde debería aplicarse a fondo en el Gobierno de Aragón es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para evitar que se consuma la tentación del ministro Cristóbal Montoro, de establecer diferentes límites de déficit para las comunidades autónomas. Dado que el titular de Hacienda no piensa premiar a las autonomías cumplidoras, porque entiende que la reducción del déficit es un premio en sí mismo al reportar mayor confianza y credibilidad a la región, al menos que Montoro no sea injusto. Como pide la oposición, Aragón debería solicitar urgentemente la convocatoria de una comisión bilateral para abordar el asunto. Resulta desalentador que los efectos reales del cumplimiento del déficit sean inocuos. Respecto de las inversiones privadas porque lejos de lo que defiende la presidenta, ni están ni se les espera. Y respecto del trato que ofrece Madrid, porque lejos de propiciar incentivos, el cumplimiento de los objetivos marcados no sirve para recibir un mejor trato. Es momento de la política, y no solo de la administración de los recursos escasos. El Gobierno de Aragón, con la presidenta aragonesa, deben moverse y tomar el liderazgo.