Opinión | Editoriales
El Registro, nuevo envite de Gallardón
La ley de tasas judiciales que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón sacó adelante contra viento y marea en diciembre tuvo que ser modificada apenas dos meses después por el alud de protestas que levantó y la amenaza de la Defensora del Pueblo de impugnarla ante el Tribunal Constitucional. La polémica lleva camino de reproducirse con otra norma en preparación: la segregación del Registro Civil del ámbito de la Administración de justicia y su adjudicación a los registradores mercantiles y de la propiedad. El ministerio la presenta como una decisión inocua para el ciudadano que permitirá liberar funcionarios de justicia y ahorrar 450 millones de euros al Estado, pero para sus detractores --entre ellos un colectivo conservador como los notarios-- supone una arriesgada cesión de la gestión de datos personales sensibles a un colectivo profesional cuyos ingresos dependen de aranceles por los trámites realizados. Si a eso se añade que algunas gestiones hoy gratuitas serán de pago, el grado de recelo es comprensible. Porque además la figura del registrador apenas tiene parangón en los países del entorno de España, lo que ha llevado a la Unión Europea a cuestionarla abiertamente. Ruiz-Gallardón debe reflexionar.
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