Bruselas ha permitido a nuestro país una relajación sobre el cumplimiento del objetivo de déficit. Eso es lo que ha provocado el intenso debate sobre cómo se repartían esos puntos de déficit que la troika autorizaba. Eso es lo que se ha repartido de forma asimétrica (se ha permitido endeudarse más a unas comunidades autónomas que a otras) y ese ha sido el gran debate de estos días. Luisa Fernanda Rudi, obedientemente, ha aceptado ese nuevo desaire del Gobierno de Mariano Rajoy.

Estamos en contra de que sea el objetivo del déficit el que, una vez introducido en la Constitución gracias al pacto PP-PSOE, marque la política social y económica. Con el vigente artículo 135 sigue siendo prioritario pagar la deuda y los intereses y los que saludan como una buena noticia que nos permitan un 1,3% de déficit, no dicen toda la verdad. No dicen que esos 190 millones que "vienen" no son euros que salgan de la reactivación económica, ni de la recaudación de impuestos. Son 190 millones más de deuda que, con sus intereses, habrá que pagar. No dicen, tampoco, que Bruselas ha permitido esas décimas de endeudamiento a cambio de aplicar más recortes a las pensiones, a los gastos sociales y a los derechos de trabajadores y trabajadoras.

Ya han salido el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ministra Báñez diciendo que la reforma laboral está dando frutos. Aunque estamos en unos niveles de paro escandalosos, nuestra ministra, no se sabe si esta vez sola o también con la intercesión de la Virgen del Rocío, afirma que, gracias a ella, a la reforma laboral, no se han perdido 250.000 empleos más (lo cierto es que en año y medio de reforma laboral se han destruido 1,5 millones de puestos de trabajo). Se permite añadir que "los sueldos no han bajado lo suficiente ni lo suficientemente rápido" e insiste en la vuelta de tuerca que planteó ya el FMI para luchar contra un paro "inaceptablemente alto".

La receta del FMI que le gusta a la ministra de Empleo es abaratar más el despido, reducir el número de contratos (apostando por el llamado contrato único, con indemnización por despido inicial muy baja que aumenta progresivamente con la antigüedad), liberalizar los descuelgues de convenios, suprimir del todo la ultraactividad de los convenios colectivos, relacionarlos salarios con la inflación, reducir el margen de los tribunales para declarar ERE y despidos como improcedentes y reducir el coste de contratación de los trabajadores más jóvenes y con menos formación. La verdad, la escandalosa verdad de aplicar estas políticas, la sabemos. En cinco años de liberalismo a ultranza hemos llegado a los seis millones de parados, se ha incrementado la pobreza, se han deteriorado los servicios públicos y se está desmontando el Estado social.

Bueno, pues a pesar de ello, el FMI propone un gran pacto entre empresarios y sindicatos por el que los trabajadores acepten rebajas de sueldos a cambio de que las empresas se comprometan a crear empleo de forma significativa. El pacto se completa con rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subidas de impuestos indirectos (IVA). Los hombres de negro dicen que con una bajada salarial del 10% en dos años y una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 1,7 puntos, acompañada por una subida del IVA (por la vía de pasar productos del tipo reducido al general, lo que supone 11 puntos para esos productos), se crea empleo.

El Gobierno de Rajoy ya se ha puesto a ello. Pasado el trago de Bárcenas en el Congreso, otra vuelta de tuerca. Empieza por un real decreto que pretende facilitar los expedientes de regulación de empleo (ERE) a las empresas. Entre otras cosas, se reducen las comisiones negociadoras de los ERE, se limita a una sola mesa la negociación aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad y se dificultan las reclamaciones individuales. En definitiva, que haya más dificultades para recurrir a los tribunales de lo social, que son los que defienden los derechos laborales. No podemos seguir soportando un Gobierno títere que únicamente defiende los intereses económicos de los ricos, siguiendo ciegamente los dictados de la troika. ¡Elecciones ya!

Coordinador general de Izquierda Unida en Aragón