La DGA negó ayer los informes del Ayuntamiento de Zaragoza que revelan retrasos deliberados en la tramitación de las concesiones del salario social. Es difícil (casi imposible) determinar que existe arbitrariedad en la tramitación administrativa. Sin embargo, los datos son apabullantes, al haber pasado las resoluciones rechazadas de un 18% a un 40% en un año, en muchas ocasiones por la caducidad de la documentación que aportan los solicitantes. La estadística no engaña, y demuestra una tendencia clara que perjudica a los potenciales necesitados.