Las relaciones laborales en la empresa encargada de gestionar los transportes públicos de Zaragoza nunca han sido un modelo a seguir. La suma de gerentes autoritarios, intereses políticos y prácticas sindicales "particulares" han dado lugar, con frecuencia, a situaciones complicadas. Ahora estamos ante un nuevo caso, con el agravante de que están en juego 125 puestos de trabajo.

Probablemente, todas las partes del conflicto han cometido errores, pero esto, que es casi una obviedad, no puede llevarnos a adoptar posiciones equidistantes, a repartir culpas por igual.

La adjudicación del servicio por parte del Ayuntamiento implicaba la pérdida de 3 millones de kilómetros,el equivalente a 150 puestos de trabajo, y la limitación del margen empresarial al 8%, que no está nada mal para los tiempos que corren. Pero a AUZ no le parecía suficiente y trasladó los recortes a la plantilla con el despido de 153 personas y una rebaja salarial en los próximos años.

En la propuesta del Gobierno municipal de ampliar la concesión en 500.000 kilómetros (el equivalente a 25 puestos de trabajo), recolocar a los despedidos en dos años (cuando la jubilación media es de 50 por año) y congelar los salarios en 2014 y 2015 también son los trabajadores los que pagan los recortes. Aun así, con buen criterio, la representación sindical acepta la propuesta. No todas las partes tiene la misma responsabilidad y ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía podemos olvidar en manos de quien están los transportes urbanos. Físico