El consejero de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha acreditado hasta la fecha una enorme capacidad para crear problemas en el Salud aragonés. Pero su acción en la madrugada de ayer, cuando ordenó que la Policía reventara las puertas del centro de especialidades Pablo Ramacha y se llevara tres ecógrafos, va más allá de cualquier error anterior. Esa manera de desmantelar el servicio de radiodiagnóstico en el citado centro del zaragozano barrio de San José desborda lo admisible en una sociedad democrática y civilizada, es inaceptable y debe traer aparejado el cese de quien se ha convertido en un auténtico desastre para la sanidad pública aragonesa.

Oliván no es dueño de las instalaciones del Salud, cuyo legítimo propietario es el pueblo aragonés. Horas antes de que la Policía entrara a saco en el Pablo Remacha, miles de vecinos se habían manifestado por las calles de San José exigiendo el mantenimiento de los servicios que se pretende cerrar. La respuesta de la Administración autónoma resulta por ello particularmente inapropiada. Así no se hacen las cosas.