La huelga de la enseñanza, desde las guarderías hasta las universidades, tiene lugar hoy con el éxito prácticamente garantizado. El mérito es del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque, una vez más, no plantea la educación como un objetivo prioritario del país ni en el factor clave de su competitividad. La nueva ley educativa, LOMCE, exhibe un tosco ejercicio político del PP y del Gobierno español por lo que se ha ganado el rechazo de todos los colectivos implicados en el sector y de las comunidades autónomas. La ley Wert, que según parece no tendrá una larga vida, provoca en el profesorado y el alumnado un desgaste corrosivo por cuanto los recortes y las crisis ya los castigan de forma especial. En su efecto dominó, las familias tienen que asumir en los días de paro las consecuencias del malestar. La huelga tiene argumentos sólidos, pero no puede convertirse en una práctica recurrente en su formulación actual. La defensa de la ley Wert en parámetros educativos es insostenible, pero la batalla no puede caer en la política sino centrarse en las necesidades reales de la educación. Y son unas cuantas.
